APLAUDO hasta la última coma del manifiesto que, a la hora de escribir estas líneas, abre la web de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y acumula más de 1.500 firmas. Lleva por título En defensa de la universidad pública y de las personas que trabajamos y estudiamos en ella, y, a lo largo de ocho párrafos, denuncia de un modo tan ponderado como contundente –no es contradicción– los últimos episodios violentos vividos en sus campus, especialmente en los de Gasteiz y Donostia. Como subrayaba la información de Idoia Alonso en este mismo diario, se trata de un gesto inédito. No, desde luego, porque sea el primer comunicado de repulsa de hechos violentos –por desgracia, se han emitido centenares–, sino porque en esta ocasión la declaración está abierta a la adhesión de cualquier miembro de la comunidad universitaria y también porque viene avalada por diversos organismos internos más allá del propio rectorado. Así que es del todo procedente que el texto comience aludiendo a las 50.000 personas que acuden cada día a la Universidad.
En nombre de todas ellas, se pide algo tan elemental como el derecho de cada cual a realizar su labor, sea la que sea, en un clima de respeto. Es tremendo pensar que, a estas alturas, haya que seguir reclamando un principio tan básico, pero ocurre, como se detalla también en el escrito, que si bien ya no son tan frecuentes como antes, cada cierto tiempo se repiten ataques a la convivencia pacífica, tanto en el plano colectivo como en el individual. Hablamos de destrozos de equipamientos e instalaciones, pero también de agresiones físicas y verbales, insultos, amenazas, señalamientos y todo tipo de intimidaciones a miembros de los diferentes sectores que integran el plural ecosistema de la universidad pública vasca. “No nos callamos”, afirma la valiente declaración que, además, reclama con tino el espacio académico como ámbito de libertad.
