COMO probablemente sepan, aunque es una de esas noticias que aparecen y desparecen en el torrente informativo, desde 2019, en el Congreso de los Diputados se aborda una reformilla de la Constitución española. Empleo el diminutivo porque la cosa va de un tenue toque de chapa y pintura para actualizar cuestiones que, sin ser naderías, tampoco están (o no parecen estar) entre las nucleares del texto del 78. Con todo, una vez atisbado el pequeño orificio, hay formaciones que pretenden aprovechar el viaje para entrar en cuestiones más de fondo. Y fíjense qué sorpresa desagradable para la vicelehenkari Idoia Mendia ha sido que, en ese intento por ir un poco más allá, el PNV haya introducido una enmienda solicitando que se incluya el reconocimiento del derecho a decidir que contendría la posibilidad de un ejercicio de la soberanía pactado con el Estado. Sostiene la también consejera de Empleo y Trabajo que se trata de una iniciativa presentada al tuntún que mezcla temas.
Nada que objetar a la opinión de Mendia. Es la que históricamente ha defendido. Mucho más llamativo resulta que, según nos contaba ayer Carlos C. Borra en este mismo diario, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, haya mostrado su malestar entreverado de desprecio por la propuesta del Grupo Vasco. Afirma el líder de la coalición soberanista (antes abertzale y/o independentista) que el derecho a decidir es “lo suficientemente importante como para que no sea una iniciativa unilateral de un partido político en un trámite que todo el mundo sabe cómo va acabar”. No me digan que no es curiosa la tesis viniendo de quien viene.
