LA comisión de valoración de abusos policiales en Euskadi ha acreditado 46 nuevas víctimas en los últimos doce meses. Detrás de cada uno de los expedientes, hay decenas de horas de trabajo, de búsqueda de documentos, tomas de declaración, comprobaciones, cruces de datos… Es una labor sorda, realizada fuera de los focos y, desde luego, lejos de los ruidos mediáticos y políticos. Aun así, como denunció la presidenta del organismo, Juana Balmaseda, en la presentación de los datos, la tarea se ha visto vergonzosamente torpedeada por los que pretenden ejercer el sufrimiento en régimen de monopolio. Hablamos nada menos que de la presentación masiva por parte de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de solicitudes de reconocimiento con la plena conciencia de que no reunían los requisitos. Resulta siniestro pero también revelador que parte de los victimarios hayan pretendido pasar por víctimas.

Sin necesidad de que los uniformados pusieran palos en las ruedas, la labor ya se presenta lo suficientemente complicada. De ahí que resulte vital que las instituciones tomen nota de la llamada de auxilio de los integrantes de la comisión. El número de solicitudes rebasa de largo la capacidad de resolución. Hacen falta más medios humanos y materiales para que sea posible acercarse al objetivo de procurar amparo y reparación a las centenares de personas que en este país apenas anteayer han sufrido abusos a manos de los teóricos encargados de velar por el cumplimiento de la ley. Y al margen de las cuestiones logísticas, hace falta un acto público de reconocimiento a estas víctimas hasta ahora arrinconadas.