A inclusión por el Gobierno Sánchez en el Real Decreto de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19 -publicado ayer en el BOE- de una disposición que permite destinar la cuota para formación profesional para el empleo que pagan empresas y trabajadores a financiar no dicha formación sino cualquier prestación del sistema de protección por desempleo supone en la práctica la sustracción a la gestión por las Comunidades Autónomas de 2.414 millones de euros para destinarlos a sufragar las ayudas comprometidas por el Gobierno Sánchez al decretar el estado de alarma. Tanto o más grave, sin embargo, que el ya relevante hecho de que el ejecutivo español pretenda enfrentarse a las consecuencias sociales de la crisis del coronavirus con capacidades económicas ajenas es que ignora herramientas alternativas de financiación que desde luego no exigen sacrificar la formación para el empleo para el pago de las nuevas medidas contra el desempleo. También que realiza una reforma encubierta de la Ley del Empleo, tal y como quedó redactada en 2015. Y especialmente que lleva a cabo una recentralización flagrante de competencias de Euskadi que especifica el Estatuto de Gernika y lo hace sin que tenga justificación en el estado de alarma ni siquiera, una vez más, consulta previa. No en vano, dicha gestión de las cuotas de formación es parte de las políticas activas de empleo -cuyo traspaso, acordado por el PNV con el gobierno de Zapatero, cerró la Comisión Mixta de Transferencias en 2010-, que los servicios de empleo vascos vienen administrando durante una década, tal y como se incluye además en el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) que contiene los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral. Por si todo esto fuera poco, la pretensión del Gobierno Sánchez ignora asimismo una resolución del Tribunal Constitucional del pasado año -la misma que admitía constitucional la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social- que daba la razón al Gobierno vasco en su recurso por vulneración de competencias y declaraba la nulidad por inconstitucionalidad de sendos apartados de la ley de presupuestos y de un decreto al considerar que el Servicio Público de Empleo Estatal había ignorado "las medidas de fomento de empleo que pueden establecer la comunidades autónomas en su ámbito de gestión”.
