Representa Europa como construcción política un modelo de sociedad, que merezca la pena ser defendida? ¿Ha olvidado esta Europa política que su verdadera razón de ser somos los ciudadanos? La tremenda crisis sanitaria y económica que estamos viviendo demuestra que los estados ya no tienen capacidad para abordar unilateralmente todos los problemas derivados de ese complejo mundo ni pueden resolver el conjunto de las necesidades de los ciudadanos. La Unión Europea ha de representar, por ello, la respuesta de estabilidad política, prosperidad económica, solidaridad y seguridad a las inquietudes y convulsiones que genera la globalización.

¿Dónde está Europa en medio de esta catártica crisis? O nos integramos más o nos desintegramos. No actuar desde la UE, desde las instituciones europeas, tal y como lo exige el inédito y tremendo reto que representa la crisis sanitaria generada y la catártica derivada que tiene y tendrá sobre la economía real, podría implicar el fin del proyecto europeo tal y como hoy lo conocemos.

En favor de una gran movilización decidida y audaz de las instituciones europeas, y junto a argumentos de corte político y social, cabe invocar dos principios plasmados en el vigente Tratado de Lisboa y que dan plena cobertura a la exigencia de europeización de la solución a adoptar para minimizar los efectos socioeconómicos de esta tremenda crisis: el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad.

En virtud del principio de subsidiariedad la Unión intervendrá cuando los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los estados miembros -ni a nivel central ni a nivel regional y local-, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. Este es exactamente el supuesto que concurre a todo el nivel europeo como consecuencia de la crisis sanitaria que nos sacude.

Este próximo martes se celebrará una crucial reunión del Eurogrupo, y tras el fiasco de hace una semana algo parece moverse en los días previos a la cita: la Comisión Europea ha propuesto la creación de un seguro de desempleo europeo, Holanda ha tendido la mano a la puesta en marcha de un fondo sanitario para cubrir gastos ocasionados por el covid-19 y Francia ha avalado una especie de Plan Marshall.

Portugal, elevando nuestra dignidad como europeos, calificó la postura holandesa de "repugnante". El Ejecutivo holandés se ha disculpado reconociendo su "falta de empatía" y pone ahora sobre la mesa esta medida como signo de reconciliación. ¿Todo ello es suficiente?

La crisis generada plantea una primera cuestión clave: la competencia decisoria sobre las medidas a adoptar no debe recaer sobre los 19 estados que integran el Eurogrupo sino sobre las instituciones europeas que engloban a los veintisiete estados de la UE. El pretendido freno a la europeización de las medidas a adoptar para paliar las tremendas derivadas de esta crisis basado en planteamientos estrictamente nacionales esgrimidos por representantes de algunos estados de la UE debe ser rebatido jurídica, política y socialmente.

Es erróneo y equívoco aludir a una "mutualización" de los costes de la crisis; tampoco es correcto, desde un punto de vista jurídico-institucional, aludir al "fondo de rescate europeo", cuya utilización evoca el peligroso estigma de los países rescatados durante la crisis financiera. No estamos ante una crisis de deuda y no procede, por tanto, recurrir a un instrumento de esa naturaleza.

¿Cómo fundamentar que para dar la respuesta a esta crisis se utilicen recursos comunitarios y no se explore la vía nacional de la suspensión temporal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento -que fijaba un límite del 3% del déficit- o la de relajación de las normas de ayudas de Estado -que limitaban los subsidios a empresas en dificultades-?

La solución no puede ser estatalizar o nacionalizar la solución a un problema global, y no solo porque hay muchos estados que apenas disponen de espacio presupuestario para embarcarse en un gran plan de estímulo fiscal con cargo a las arcas públicas, sino porque corresponde a las instituciones europeas dan una respuesta acorde a la gravedad de esta crisis externa y simétrica, porque afecta a todos los estados, y cuyo origen nada tiene que ver con las políticas aplicadas en cada uno de ellos.