OS humanos hemos evolucionado aunque siguen vigentes instintos primarios. La convivencia en respeto e igualdad nos ha llevado a proscribir el abuso por autoridad, superioridad física o económica. Para reprimirlo hemos diseñado límites y otorgado la capacidad de hacerlos cumplir a un modelo normativo y coercitivo. Resulta sorprendente asistir a cierto debate sobre si un cargo público nombrado por una administración es "amenazado" por esta para que dimita. Es un debate que podría desviar la atención del hecho de que, si una normativa se viola -da igual por voluntad o por error- la responsabilidad a asumir debería ser, en primer lugar, un ejercicio de dignidad personal. Por muy convencido que uno esté de sí mismo, ser elegido para el ejercicio de la función pública requiere una lealtad al bien común y cuestionarse si uno se habrá equivocado. Proyectar hacia terceros esa responsabilidad no es elegante. Da igual que uno sea director de un hospital o presidenta de una Comunidad. Si la voluntad individual no basta y es precisa la coerción para restaurar la estabilidad, adelante. También le amenazan a usted con multarle si supera el límite de velocidad. No lo desborde. Y como se intuye que las "amenazas" no cuestionaban la integridad física de nadie, lo trágico es intuir que, sin ellas no había voluntad de asumir responsabilidad actuar con lealtad.