Un año más, mayo vuelve a dejar buenas estadísticas cuantitativas en el mercado laboral, al tiempo que mantiene invariable una sensación preocupante en la coordenada cualitativa. En esta ocasión, los datos oficiales facilitados esta semana por el Ministerio de Trabajo son elocuentes y destaca el hecho de que estamos ante el mejor mayo de una serie estadística que comienza en 2001. Nada que objetar, en consecuencia, tanto en la creación de empleo, como en lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social. En resumen, a día de hoy, hay menos personas buscando empleo, lo cual es motivo de alegría.

Vistos los resultados, no faltará quien traduzca este sabor dulce en un clima de optimismo e incluso de euforia. La pregunta es: ¿hay motivos para ello? En realidad, la respuesta es variable y depende de la zona analizada. No es lo mismo hablar del conjunto del Estado español o hacerlo del País Vasco o Catalunya que son dos comunidades con una fuerte presencia industrial. En cualquier caso, sin embargo, hay razones que llevan a cierta esperanza, pero también hay argumentos para seguir reclamando una mínima calidad en el empleo que se está creando porque la precariedad laboral crece a ritmo más rápido que la creación de empleo.

Desde una visión conceptual, la pretendida recuperación económica es incompatible con los empleos basura y la pobreza de muchas familias, pero también lo es cuando la recaudación por las rentas de trabajo (IRPF) no crece al mismo ritmo que el PIB o cuando sigue creciendo el déficit de la Seguridad Social, pese a estar al nivel que se registraba a finales de 2008. En este capítulo conviene señalar que los afiliados al régimen general, es decir, los asalariados, apenas llegan a los catorce millones, cuando en 2007 llegó a superar los 15 millones. El resto, hasta los 18.345.414 afiliados registrado en mayo corresponde a los autónomos.

Esta situación tiene su influencia en los ingresos tributarios del Estado que han repuntado hasta abril un 10,3% en términos homogéneos respecto al mismo periodo de 2016, frente al 1,5% que crecían hace un año, de acuerdo con la información disponible en la Agencia Tributaria (AEAT). Claro que, si ponemos el foco en los grandes impuestos se observa que, mientras la recaudación por Sociedades supera con creces las previsiones del Gobierno, y el IVA, en menor medida, también lo hace, mientras que en el caso del IRPF la predicción del Ministerio de Hacienda no se ajusta a previsiones que señalan un 7,7% más que en 2016, porque la realidad, hasta el mes de abril, se resume en un crecimiento del 2,9%. Un porcentaje muy inferior que, cuando menos, debiera frenar la tendencia ministerial a las declaraciones triunfalistas, toda vez que que este impuesto representa poco más del 6% del PIB y se sitúa dos puntos y medio por debajo de la media europea. Y otro tanto puede decirse de las aportaciones a la Seguridad Social.

El panorama vasco es similar al estatal, aunque con diferencias significativas, como es la fortaleza de un sector industrial dinámico y tecnológico (nicho de mejores empleos por la necesaria cualificación profesional). No obstante, el número de personas que cotizan en la CAV rebasa ahora las 931.000, cada vez más cerca del millón de afiliados que había antes de la crisis y la recaudación por IRPF en 2016 fue tres puntos porcentuales menos que en la UE, mientras que la recaudación por IVA está a un nivel similar al europeo.

Conviene poner en valor este aspecto recaudatorio en la medida que es fundamental para la buena gobernanza. La endémica situación de la Seguridad Social o los problemas generados por la deuda y el déficit públicos son también consecuencia de un mercado laboral incapaz de crear empleo de calidad como lo demuestra el hecho de que, cada día del pasado mes de mayo, considerado como histórico, se firmaron más de 65.000 contratos en el Estado y por cada nuevo afiliado al régimen general hizo falta firmar casi contratos. En resumen, tenemos una contrariedad coyuntural como es la precariedad laboral que incide en un problema estructural. Reducir el paro no soluciona la pobreza de muchas familias ni el déficit de la Seguridad Social.