ENERO de 2002, hace justo ahora quince años. El Gobierno de José María Aznar, con Mariano Rajoy como ministro de Interior y Cristóbal Montoro al frente de Hacienda, veta la ampliación de la plantilla de la Ertzaintza e impide la Oferta Pública de Empleo que preparaba el Ejecutivo vasco. Había una importante discrepancia respecto al Cupo y el Ejecutivo español utilizó elementos más próximos al chantaje que al diálogo y a la política para negociar. Ante el bloqueo, el Gobierno de Juan José Ibarretxe incluso se planteó la posibilidad de autofinanciar el aumento de agentes.
En aquel momento, la ofensiva de ETA contra concejales y otros cargos, jueces, periodistas, etc. obligaba a tener más ertzainas en activo. Hoy, las circunstancias son diferentes pero la necesidad de agentes es imperiosa para garantizar la reposición de quienes se jubilarán en los próximos años. Las formas y actitudes del Gobierno español son prácticamente las mismas. Madrid nunca ha creído realmente en la Er-tzaintza y menos en su carácter de policía integral. Al contrario, ha recelado siempre y ha puesto obstáculos a su desarrollo, a sus funciones y a su presencia en los foros donde se tratan, comparten y deciden asuntos que tienen que ver directamente con la seguridad de la ciudadanía vasca. Hace quince años, hace veinte y ahora.
Abrir nuevas etapas, sobre todo si tienen que ver con la relación con otros, supone mucho más que proclamar que ya están abiertas o de que hay “voluntad” de hacerlo. El nuevo delegado del Gobierno, Javier De Andrés, reafirmó ayer tras su reunión con el lehendakari la necesidad de esa “nueva etapa” de la que tanto se habla y que nunca llega. Según dijo, transmitió a Iñigo Urkullu la “voluntad de diálogo” de Mariano Rajoy. Con la voluntad -ese término tan anfibológico- no basta. Decía San Ignacio de Loyola que “la renuncia de la voluntad propia vale más que resucitar a los muertos”.
Llamar al diálogo sin poner cita, objetivos y orden del día y, sobre todo, sin actitud realmente dialogante y mientras se sigue fomentando la confrontación y su deriva jurídica es bastante parecido a marear la perdiz.
Quienes llaman al diálogo mientras interponen recursos y vetos y lo justifican en virtud del tan traído y vilipendiado respeto a las leyes y a las competencias deberían explicar eso que sueltan con tanto desparpajo de que Euskadi cuenta con el mayor nivel de autogobierno conocido incluso de estados federados y blablablá. Tendrían que argumentarnos cómo con tales cotas de cuasi independencia no se puede ampliar la plantilla de la policía propia o regular la jornada laboral, los horarios comerciales, las EPSV, la remuneración de los funcionarios y hasta los clubes de cannabis.
El Gobierno español sigue haciendo acopio de lo que -interpreta- le servirá a futuro para negociar, bajo sus propios intereses, con el PNV. Eso sí, con mucha apelación al diálogo leal.
La reunión -cuando la haya- de Rajoy y Urkullu marcará la “vo-luntad” real de negociación bilateral. La buena voluntad se queda para el espíritu navideño.
