A la vista del bochornoso espectáculo protagonizado por el Gobierno de Rajoy en la nacionalización de Bankia, uno queda sin aliento y sin esperanza en el futuro. Basta comprobar quiénes manejan los hilos de la economía y la política españolas para quedar aterrados ante el panorama que tenemos por delante. Niegan, en primera instancia, la situación crítica por la que atraviesa el sector financiero, para después acatar el dictado del FMI y la UE que vuelve a resolver la crisis de las entidades bancarias con medidas que ayudan a sus malos gestores en detrimento de la ciudadanía y sus derechos en materia de bienestar social.
Es un tortuoso laberinto de vericuetos y engaños donde se alimentan los temores e incertidumbres de la sociedad generados por unos gestores que han venido ocultando la realidad de unas cuentas intoxicadas por el ladrillo con la connivencia de los responsables públicos. Así, hemos llegado a este laberinto con escasas posibilidades de una salida airosa y, en cualquier caso, con cargo al erario público, es decir a la cartera privada de los contribuyentes. A diferencia de aquel primer laberinto del Minotauro del que nos habla la mitología griega, este que nos ocupa y preocupa no cuenta con un valeroso príncipe ateniense, Teseo, dispuesto a luchar contra el monstruo para liberar a su pueblo de tributo anual con la ayuda de Ariadna que le hizo llegar una espada mágica y un ovillo de hilo para salir de la encrucijada del laberinto.
En efecto, hoy los Teseos del laberinto financiero son una pésima caricatura del gestor responsable y profesional. Son personajes falaces y mentirosos que, sin el menor sonrojo, no se hacen responsables de su propia gestión, como es el caso del Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el ex presidente del Bankia, Rodrigo Rato, que hace escasas semanas proclamaban a los cuatro vientos la solidez del sector financiero y ahora se retirarán a su palacios de invierno con una buena pensión que les garantizará una mejor jubilación mientras cientos clientes y accionistas de Bankia no podrán conciliar el sueño ante la posibilidad de perder sus ahorros.
Mientras tanto, los responsables políticos hacen suya la función de Ariadna. Prometen en campaña electoral el ovillo de hilo que nos sacará de la crisis y después incumplen sus promesas con medidas que nos meten más en el pozo sin fondo del paro y la recesión. Utilizan eufemismos, como "intervención" para negar el concepto de nacionalización. Aceptan con sumisión la presencia de dos tasadores independientes que darán la dimensión real del riesgo inmobiliario, lo que supone una desautorización vergonzosa del Banco de España, que tiene en sus estatutos la responsabilidad de esa supervisión y control.
Y, para cubrirse las espaldas, señalan que las ayudas públicas se realizarán con cargo a la deuda y no al déficit, argumentando que son ayudas que deben devolverse con un alto interés, dando a entender que estamos ante un "buen negocio" para las arcas públicas. Ahora bien, la obligación de devolver las ayudas no garantiza su devolución. De hecho, la inyección de 4.500 millones a Bankia procedentes del FROB no han sido devueltos y ahora pasa a ser el capital público que justifica la nacionalización de una entidad bancaria que hace escasas semanas se negó a fusionarse con La Caixa, entre otras razones, porque tenían solidez suficiente para seguir en solitario y porque la entidad "salvadora" era catalana.
Como ven, la imagen de estos gestores financieros y políticos ha quedado bien deteriorada. Ahora se anuncia nuevas ayudas públicas a Bankia por valor de 10.000 millones de euros que deberán ser devueltos en un plazo de tres años. Es, recordémoslo, dinero público y su cuantía coincide, casualmente, con el recorte en sanidad. Pero…, ¿qué ocurrirá si no pueden amortizarlos? Muy sencillo, nos lo comeremos con patatas y podremos afirmar, con toda razón, que con el copago farmacéutico y el cierre de hospitales pagamos el saneamiento de bancos mal gestionados, mientras sus responsables pueden seguir veraneando en el Caribe sin dar explicaciones.
Pero lo más preocupante es la sensación que toma cuerpo y pronostica que lo peor está por llegar. Así lo evidencias las nuevas y duras provisiones marcadas este pasado viernes que obligan a cubrir hasta el 30 por ciento el crédito al sector inmobiliario sano, lo que representa que los bancos deberán poner otros 28.000 millones de euros adicionales. Es decir, no sólo se toman medidas, como la obligatoriedad de "bancos malos", para tratar de sanear los activos tóxicos, sino que se teme un deterioro del volumen de créditos que, actualmente, no están en apuros.
Esto no ha hecho más que empezar. Dentro de pocas semanas seremos testigos de nuevas "intervenciones" en entidades bancarias y de la virulencia con la que afloran los problemas de algunas inmobiliarias, como ACS, que han creado un imperio financiero con cargo a créditos que no pueden devolver.
Lo dicho, lo peor de este laberinto está por llegar.
