Escaso e incipiente, pero hay un rayo de esperanza en Europa tras ver cómo algunos líderes, caso de Angela Merkel, empiezan a hablar de una "agenda del crecimiento" económico, aunque mantiene "intocable e innegociable" el pacto fiscal y presupuestario suscrito por 25 países de la UE, cuya eficacia ha sido nula a la hora de salir de la crisis. No obstante, la promesa de presentar la citada agenda en la cumbre europea del mes de junio es, cuando menos, un paso hacia ese escenario que otros expertos y analistas, así como instituciones como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Consejo Económico y Social Europeo (CESE) han venido reivindicando en las últimas semanas.
Puede ser que entre unos y otros venzan la resistencia que ha impuesto la austeridad presupuestaria y se pueda vislumbrar la salida de un túnel que dura ya cinco años. De momento resulta interesante la propuesta elaborada por el CESE en colaboración con el BEI. Se trata de una alternativa que no puede caer en saco roto porque está basada en la legitimidad del diálogo entre los representantes de la sociedad civil europea tan diversos como los sindicatos, las patronales, los consumidores, los agricultores o los discapacitados.
Las recomendaciones del CESE parten de un principio lógico: la salida de la crisis pasa por adoptar nuevas políticas económicas, que restauren el crecimiento, la creación de empleo y la confianza en el modelo social europeo. Esta nueva política se vería materializada mediante dos instrumentos: de un lado, los bonos de la Unión, que convertirían en deuda consolidada y no negociable la deuda de cada país hasta un máximo del 60% del PIB y permitiría recuperar la confianza. Por otro lado, están los eurobonos como motor de crecimiento, que hasta ahora requería garantías mancomunadas o solidarias por parte de los Estados más solventes, en particular Alemania.
Claro que, aunque la "agenda del crecimiento" comience su andadura, la evolución será muy dispar entre los países de la Eurozona, máxime cuando hay gobiernos que, o bien atemorizados ante una posible intervención o como corolario a su propia ideología neoliberal, optan por un seguidismo absoluto a los dictados que obligan a reducir el déficit público con cargo al gasto público que garantiza el estado de bienestar. Es el caso del gabinete presidido por Rajoy, cuyas medidas no han frenado todos los males que nos aquejan, incluyendo el más grave y trágico de todos ellos, como es el desempleo que registra un diabólico aumento en el último trimestre, mientras que la economía española, como se temía, ha entrado de nuevo en recesión.
Para justificar todas las medidas que ha tomado, Mariano Rajoy ha llegado a decir que "no hay dinero para pagar los servicios públicos" (algo discutible viendo el reparto presupuestario) y, claro, para solucionar el problema nada mejor que pedírselo a la clase trabajadora y a los pensionistas, mientras las grandes fortunas podrán "repatriar" sus dineros con una ligera presión fiscal del 10 por ciento. Así pues, parece que somos nosotros los culpables de la crisis y sólo nos queda el recurso del pataleo en forma de impotencia y enojo, porque, como dijo Rousseau, no nos enoja la naturaleza de las cosas sino la mala voluntad de quienes utilizan esas cosas en beneficio propio o de sus ideas.
Bien es cierto que los problemas de la economía española van más allá de la deuda pública o la prima de riesgo. La hipotética recuperación tiene dos grandes escollos. El primero es el consumo interno, cuya solución podría pasar por la prometida "agenda del crecimiento" siempre y cuando el Gobierno de Rajoy abandone su política de reformas y recortes. El segundo escollo es la dramática situación del sector financiero, estrangulado por los activos dañados en el sector inmobiliario, cuyo volumen, al cierre de 2011, era de 184.000 millones de euros, según el último Informe de Estabilidad del Banco de España, hecho público el viernes, un 4,5% más seis meses atrás.
La solución dicen que pasa por la creación de "sociedades de liquidación" (bancos malos) pero los problemas derivados de su estructura y financiación obstaculizan esta posibilidad. El FMI apunta que "puede ser necesario un mayor recurso a la financiación pública", pero el Gobierno de Rajoy no parece dispuesto a pagar una nueva factura del ladrillo. Si así fuera estarían cometiendo un nuevo atropello social y, pese a sus mentiras y lamentos, justificaría que les dijéramos lo que Rousseau dejó escrito en el Libro Segundo de "Emilio o la educación":
"¿Quién os asegura que le evitáis algo con las penas que ahora le prodigáis? ¿Por qué le proporcionáis un mayor número de males que el que puede soportar su estado, sin tener la certeza de que los males presentes le servirán de alivio para los futuros? ¿Y cómo me probaréis que estas malas inclinaciones de las cuales queréis curarle no le vienen más de vuestros deseos mal entendidos que de la naturaleza?".