Hace poco el PP tumbó, junto con Vox y Junts -partidos xenófobos- la reforma de la Ley de Extranjería para dar respuesta al fenómeno de la inmigración y echar una mano a Canarias y Ceuta, gobernadas por el PP y que, a finales de junio querían esta reforma, hasta que Canarias cambió de opinión conminada por Génova.
Sin dicha reforma, son las autonomías -la mayoría gobernadas por el PP- las que deciden si solidariamente acogen a niños migrantes en su territorio y a cuántos. Y como muchos líderes del PP, entre ellos Feijóo, abrazan el miserable discurso del odio racista de Vox -“Tenemos derecho a salir a la calle con seguridad” y “que no nos ocupen las casas”, dice Feijóo- que equipara inmigración y delincuencia para pescar votos en el caladero de la derecha extrema, el asunto se quedó sin resolver. Es de miserables exigir ahora una solución.
Basta ya de ambigüedades: el PP, partido clasista, no puede tener dos criterios para lograr un indecente rédito electoral con el sufrimiento de seres humanos. O se es racista o se está del lado de los derechos humanos. No hay más. Y si queda alguien contrario al racismo dentro del PP -según Cuca Gamarra no, pues “todos pensamos como Albiol”-, que conminen a Feijóo a ir reculando.
