La noticia ha conmocionado las estructuras que ampara el Estatuto Vasco, sospechándose que es una venganza porque el PNV se ha posicionado en contra de la investidura de Rajoy. Sin embargo, los pacifistas vascos lo consideran una excelente noticia, pues opinan que ello contribuirá a perder el dudoso honor de ser la nación con más fuerzas policiales por kilómetro cuadrado de Europa. Los círculos progresistas esperan que el coste de esos ertzainas anulados sea destinado a contratar maestros para potenciar la conciencia ciudadana, enseñando educación cívica y respeto a los demás. Se ampliaría y capacitaría al personal sanitario para atender las necesidades de la población enferma o incapacitada, lo que, al final, constituye una inversión rentable a largo plazo porque se conciencia a la población en valores superiores. De esta manera se elevaría el nivel general de formación en valores de paz y convivencia enfatizando los criterios educativos sobre los represivos. Una sociedad evolucionada y con niveles de formación en todos los campos tan elevada como la vasca no puede soportar ese estigma humillante de ser vigilada por tantos cuerpos policiales que tienen a sus fuerzas desplegadas y que, al ser tan numerosos, se estorban entre sí. La población ve que pierde la libertad a la que tiene derecho por la injerencia de legiones de agentes sin otra capacitación que la que se deriva de la amenaza y de la parafernalia preventiva de medios desproporcionados que usan para disuadir y asegurar lo que los políticos llaman seguridad, cuando es orden público.
