Balance y horizonte de los servicios sociales en Euskadi

El Decreto de Cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales ha supuesto una transformación profunda en la garantía de derechos sociales en Euskadi. Diez años después de su aprobación, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha realizado una evaluación exhaustiva sobre su implantación, analizando tanto los avances como los desafíos que persisten.

Este marco normativo ha definido con precisión las prestaciones y servicios a los que la ciudadanía vasca puede acceder, recogidos en el catálogo de la Ley de Servicios Sociales. Su principal objetivo: consolidar un sistema de atención social universal, equitativo y de calidad, adaptado a las necesidades de una sociedad diversa y en evolución constante.

A lo largo de este proceso de evaluación, han participado profesionales, personas usuarias, administraciones públicas, entidades sociales y agentes clave, en un ejercicio colectivo de reflexión. El balance general es positivo: el decreto ha fortalecido el reconocimiento del derecho subjetivo a los servicios sociales, unificando criterios, armonizando recursos y estableciendo un lenguaje común que otorga estabilidad y visibilidad al sistema. También ha clarificado el reparto competencial, facilitando la coordinación interinstitucional y reduciendo la discrecionalidad en la prestación de servicios.

No obstante, el diagnóstico muestra que existen áreas de mejora. Entre las principales limitaciones se encuentran la desigual implantación territorial y municipal de los servicios, las dificultades para desplegar la atención primaria especialmente en municipios pequeños, ciertos problemas de continuidad en la atención por cuestiones competenciales, una excesiva burocratización que dificulta el acceso, la necesidad de aumentar la financiación y los retos que plantea la atención a situaciones complejas cada vez más presentes.

Avanzar en la consolidación

La reflexión colectiva ha dado lugar a una serie de recomendaciones para avanzar en la consolidación del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Entre ellas destaca la necesidad de flexibilizar el Decreto de Cartera, incorporando un enfoque comunitario, de género e interseccional; fomentar la integración y la prestación conjunta de servicios entre ayuntamientos y diputaciones forales; facilitar el acceso flexible y personalizado a los servicios, promoviendo el protagonismo de las personas usuarias en la toma de decisiones; reforzar la perspectiva preventiva a través de los servicios locales, e impulsar la evaluación, la calidad y la innovación. Resulta prioritario, también, trasladar a la ciudadanía la información sobre los derechos reconocidos por la Ley y el Decreto, aún poco conocidos por amplios sectores de la población.

Además, no podemos perder de vista los desafíos estructurales que tensionan el sistema y que requieren respuestas ágiles y coordinadas: el envejecimiento demográfico que provoca un incremento de la demanda de cuidados de larga duración; la necesidad de accesibilidad universal en entornos físicos y de comunicación hasta la inclusión social, económica y laboral de las personas con discapacidad, impulsando el modelo de vida independiente; la diversificación de modelos familiares con un aumento de necesidades de apoyo para los cuidados, la conciliación o la atención a la infancia y el aumento de población migrante con necesidad de recursos para la correcta integración.

El reto de mejorar la financiación

Para afrontar los retos y desafíos del Sistema de Servicios Sociales, es necesario mejorar la financiación. En 2019 el gasto corriente público de la cartera se situó en 1.131,3 millones de euros. Se prevé que para 2030 este gasto alcance los 1.694,2 millones de euros según datos del II Plan Estratégico de Servicios Sociales.

Así, el décimo aniversario del Decreto de Cartera se convierte en una ocasión para celebrar los avances logrados y, al mismo tiempo, impulsar una renovación profunda que garantice el bienestar y la inclusión social de todas las personas en nuestra sociedad y para ello es imprescindible dotarse de un nuevo marco jurídico más adaptado a la realidad actual. Se trata de una tarea ambiciosa que requerirá años de trabajo y la estrecha colaboración de todos los agentes implicados, pero que representa una oportunidad única para reforzar y actualizar el sistema de servicios sociales en Euskadi.

Directora del Órgano de Alta Inspección de Servicios Sociales del Gobierno vasco