HUBIERA preferido titular este artículo como El sector público dinamizador, que engloba espacios territoriales que, sin ser estados políticos, son estados fiscales independientes. El título que aparece corresponde al un interesante libro publicado en el año 2010, con algunas ediciones posteriores, multidisciplinar, y que, coordinado por el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Mulas-Granados, fue editado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
La verdad es que, fuera de los ámbitos académicos, no ha tenido una tensión y presencia suficientes en el entorno de la opinión pública. En unos momentos como los que estamos viviendo, identificados, entre otras circunstancias, por la invasión informativa, a veces insuficientemente documentada, precisamos de luces, criterios y planteamientos a largo plazo, que nos ayuden a encarar con mayor solidez los retos que se nos presentan.
En este sentido, el libro al que hacemos referencia plantea, describe y justifica una evolución –quizá es más correcto hablar de transición–, del estado del bienestar al estado dinamizador.
Ahora que, hasta desde posturas económicas conservadoras, se habla y defiende el estado del bienestar, incluso cuando proponen reducciones impositivas de calado, resulta más que interesante conocer la batería de variables que definen esa transición hacia el estado dinamizador y su concepto. Apuntaremos algunas de ellas.
Inicialmente, resulta conveniente explicitar las macrotendencias que estructuran y definen la innegable evolución del estado del bienestar, desde su concepción e implantación paulatinas. Destacan la globalización y el cambio tecnológico, el cambio demográfico, así como, la escasez de recursos energéticos y el cambio climático.
A su vez, estas macrotendencias están soportadas en cinco procesos observables, objetivables y contrastables, como son:
• La transición hacia una economía del Conocimiento y los Servicios, provocada por las nuevas tecnologías.
• La igualdad progresiva entre géneros. Hablamos de la incorporación progresiva, con igualdad de derechos, de la mitad de la población mundial a los procesos productivos y sociales.
—El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento.
—La transformación de los valores tradicionales, como la cooperación y la solidaridad, ante el auge del individualismo.
—El impacto de la globalización.
El concepto del estado del bienestar, articulado tras la Segunda Guerra Mundial, se ha sustanciado en cuatro modelos distintos, si bien el propio concepto de estado de bienestar se puede identificar como un sistema de cobertura pública de riesgos involuntarios ante los cuales, el ciudadano medio, está desprotegido.
Como decíamos, a pesar de que históricamente hemos identificado el estado de bienestar con los países escandinavos, objetivamente, se dan cuatro modelos diferenciados:
—1. El escandinavo (Dinamarca, Finlandia, Suecia). Pone el énfasis en la redistribución, la inclusión, la universalidad, el dialogo social y una fuerte cooperación entre los agentes sociales (patronales, sindicatos y expertos) y el gobierno. Está considerado como el modelo más exitoso, basándose esa concepción en la flexibilidad institucional y en la colaboración público-privada.
—2. El continental (Alemania, Austria, Bélgica, Francia y Países Bajos). Este modelo resalta al empleo como la base de la transformación social (también denominado como ascensor social).
—3. El liberal o anglosajón (Reino Unido e Irlanda). En él, prevalece la responsabilidad del individuo consigo mismo.
—4. El mediterráneo (España, Grecia, Italia y Portugal) Se identifica por un bajo nivel de transferencia social, y un fuerte rol de las redes familiares.
Dibujados los puntos de partida, mejor dicho, el punto de partida, que es el estado de bienestar, debemos preguntarnos ahora por la meta, es decir, por el objetivo de llegada. Un objetivo que, al menos, deberá alcanzar una longevidad comparable a los tres cuartos de siglo, aproximadamente, de vida del estado de bienestar.
A ese objetivo le hemos denominado estado dinamizador, en el que destacan dos características, fundamentalmente. La primera recoge la “capacidad que tiene el estado dinamizador para prevenir y anticiparse a los nuevos riesgos y demandas sociales, en lugar de limitarse a reaccionar cuando los riesgos de desempleo, enfermedad o invalidez ya se han materializado”.
Pero también, y es la segunda característica, el estado dinamizador se erige en “catalizador del cambio económico y social”. Dicho de otra manera, frente al riesgo, sobre todo conceptual y argüido por algunas corrientes de pensamiento, de que el estado del bienestar resulta pasivo, desincentivador del trabajo y generador de grupos dependientes de las prestaciones, se trata de evolucionar hacia una administración proactiva, que conciencie y movilice a la participación ciudadana, y se anticipe a los efectos negativos que puedan derivarse de las tres macrotendencias y de los cinco procesos identificados en este artículo.
Las políticas que se implementen para ello han de cumplir dos requisitos: La transformación hacia una mayor agilidad y una mejora de la eficacia de las políticas propias del estado del bienestar, que afectan a espacios como la educación, sanidad, desempleo y pensiones, y la puesta en marcha de políticas que cubran nuevos riesgos, como, por ejemplo, mecanismos eficaces de reinserción de las personas en desempleo, debido a la aplicación de nuevas tecnologías en los procesos productivos.
Volvamos al principio del artículo en donde se mencionan a los estados fiscalmente independientes, sin ser “estados políticos”. La Comunidad Autónoma del País Vasco puede ser un ejemplo de ello y, por lo tanto, además del debate actual sobre la imposición para determinados patrimonios, en línea con los postulados del economista francés Thomas Piketty, podría ser interesante elevar el objetivo y realizar un análisis, con sus propuestas a medio plazo, en línea con lo indicado. Difícil, pero no imposible.
Economista
