USKADI tiene el mejor sistema y los mejores servicios sanitarios del Estado. El último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), un organismo independiente, otorga a la sanidad vasca la mayor puntuación en cuanto a atención y prestaciones en materia de salud entre todas las comunidades, atendiendo a parámetros objetivos como el gasto per cápita, las camas y profesionales sanitarios por cada mil habitantes, el gasto farmacéutico, la privatización de los servicios o las listas de espera. Una cualificada mayoría de la ciudadanía vasca (el 83%) considera que la sanidad de Euskadi funciona bien. Los últimos meses, marcados por la lucha y el ingente trabajo ocasionado por la pandemia -que ni mucho menos ha terminado aún- han sobrecargado el sistema público de salud en todo el mundo, también en la CAV, pero Osakidetza y sus profesionales han respondido en general de manera ejemplar. La sanidad pública vasca ha estado a la altura: se ha incrementado sensiblemente la inversión prevista en los Presupuestos, de manera que, con 1.984 euros por persona, Euskadi lidera el gasto per cápita en Sanidad, y se han aumentado los recursos materiales y humanos, con un total de 45.700 profesionales y una OPE para 3.535 plazas. Es legítimo y necesario aspirar a una mejora global y lo más amplia posible del sistema sanitario que redunde tanto en los servicios de calidad que presta Osakidetza como en las condiciones de sus profesionales. Pero eso no justifica la convocatoria de dos huelgas con la correspondiente afección negativa en la ciudadanía. Menos aún si los paros se pretenden bajo el argumento del supuesto "colapso" y el "abandono" que sufriría Osakidetza. El ejercicio del derecho de huelga es, obviamente, legítimo pero los objetivos de la misma deben estar asimismo legitimados bajo los principios de veracidad y proporcionalidad, máxime en un servicio público que pagamos -y disfrutamos de sus prestaciones- todos los ciudadanos, a quienes se nos debe claridad y franqueza. Más allá de la incidencia del paro y de la habitual guerra de cifras, no es creíble para la convocatoria de una huelga la argumentación de los sindicatos de defensa de un sistema público de salud que funciona razonablemente bien. Su ausencia de la mesa de diálogo así lo acredita.