EL inicio del juicio por la muerte de Iñigo Cabacas más de seis años después de que esta se produjera el 9 de abril de 2012, al de cuatro días de haber recibido el impacto de una pelota de goma en un callejón junto al número 19 de la calle María Díaz de Haro de Bilbao, responde siquiera en parte a las exigencias de la familia Cabacas-Liceranzu para que se diriman, si las hubiera, las responsabilidades derivadas de aquel dramático suceso. La enorme dilación con que se inicia el proceso y las dificultades de la investigación de lo acaecido aquella noche tras el partido entre el Athletic y el Schalke 04, que dieron comienzo casi de inmediato con la tardanza de seis días en ofrecer una primera versión oficial, no deberían impedir que el juicio, a lo largo de sus catorce sesiones, contribuya a aclarar la verdad de las decisiones y actitudes que desembocaron en la trágica muerte de Iñigo. Y no solo por la necesidad, exigencia más bien, de aliviar mínimamente el dolor de su familia. También porque la sociedad vasca y la propia Ertzaintza necesitan la certeza de que, en el caso de que los hubiera, los errores en el difícil y tantas veces vidrioso desempeño de las necesarias, como aquel día, labores de protección y seguridad ciudadana no pueden pretenderse impunes. Lo contrario sería precisamente lo que buscan quienes intentan la utilización políticamente interesada del caso y solo contribuiría a dañar la imagen cercana de la Ertzaintza con el único fin de dar cobertura a decisiones y actitudes personales que no son reflejo del colectivo. Del desarrollo y resultado del juicio dependerá, finalmente, la contribución del mismo al menos a que acontecimientos similares no se repitan, así como a que se extreme el celo a desplegar en todas las escalas y niveles de la seguridad pública y en el diseño, organización y preparación de los efectivos y operativos policiales. En ese sentido, es muy elocuente la declaración de uno de los seis ertzainas juzgados en la Audiencia de Bizkaia -tres mandos intermedios y tres agentes de base- respecto a la pericia en el manejo del material antidisturbios de los participantes en aquel operativo y el modo -textualmente, “un cajón de sastre”- en que había quedado configurada la Unidad de Seguridad Ciudadana durante el gobierno de Patxi López, con Rodolfo Ares al frente del entonces Departamento de Interior.