DESDE finales de los 60 y los primeros 70 no han faltado dirigentes del nacionalismo histórico que han pensado que se daba un tipo de etarra con el que se podía acordar porque era solo o sobre todo abertzale y no revolucionario. Manuel Irujo lo hizo expreso en varias ocasiones en la figura de Juan José Etxabe y, luego, otros en Txomin Iturbe o Azkoiti. También en ETA había quien reconocía que en el PNV, por encima de intereses de clase y habida cuenta también de que casi ninguno pertenecía a la alta burguesía, había patriotas con los que se podía contar. Lo que alejaba entonces a estos dirigentes jeltzales de los etarras no era su lucha armada, con la que no estaban de acuerdo pero que la veían como de respuesta, sino lo que entendían por desviación marxista y revolucionarismo al servicio de vaya a saber qué intereses. Lo que alejaba a algunos dirigentes de ETA del Gobierno vasco y el PNV del exilio era su pasividad, sus alianzas y sus compromisos y, luego, su acomodación a la legalidad española del posfranquismo.

Tenían razón Juaristi, Unzueta y compañía cuando decían que la reflexión izquierdista es la que alejó en los 70 a amplios sectores de militantes de ETA de la tentación armada, sin que falten los que opinan que la idea de no enredarse en ella fue previa y que se sirvieron de la reflexión marxista para darle a posteriori sustento ideológico. De ETA nacieron no pocos dirigentes de la extrema izquierda, vasca y española y, hasta la escisión milis-polimilis, se puede afirmar que los más ideologizados no optaron por la lucha armada, incluso que la combatieron intelectualmente. En la escisión que se produce en ETA V y da lugar a las dos ramas aludidas es la político-militar la más coherente desde un punto de vista revolucionario e insurreccional, atendiendo a los modelos vigentes entonces, en América Latina especialmente. Es esta rama la que mantiene los contactos con las organizaciones revolucionarias, la que participa, así sea brevemente, en operaciones y atentados fuera del campo afectado por el conflicto vasco. Cuando un sector de ETA pm renuncia a la lucha armada y entra en el juego político convencional, otro se incorpora a ETA m con armas y bagajes y con una estrategia que terminará modificando la que los milis habían en origen diseñado. El efecto no es inmediato ni evidente desde el principio, pero a no tardar, aunque ETA sigue adjetivándose militar y coincidiendo con la desaparición de los padres fundadores, se acepta oficial y públicamente que su estrategia es político-militar, lo que afecta también a la estrategia de la Herri Batasuna impulsada en su origen por el espíritu mili. La nueva ETA no es ya mili, pero tampoco se explica del todo en la teorización original de los polimilis. La nueva ETA se va modelando en su activismo, hasta confundir medios con fines, supeditar la táctica a los hechos y hacer de la supervivencia su mayor fortaleza y razón de ser.

Fue el espíritu del sector de la dirigencia del PNV que no renunciaba a llegar a acuerdos con los menos ideologizados de la izquierda abertzale el que se embarcó tras la muerte de Txomin Iturbe, las conversaciones de Argel y el Pacto de Ajuria Enea, en una operación que afectaba también a los presos. Responsables del PNV del momento aceptan haber estado de acuerdo con una dispersión, que no alejamiento, que hubiera podido facilitar el debate sobre la lucha armada dentro de las cárceles, debate obstaculizado a su entender por el control que la dirección de ETA ejercía a través de algunos abogados, familiares y amigos. Explican dirigentes de aquel PNV que una parte de ETA m entendió como ruptura del equilibrio de fuerzas la manera como se llevó el proceso de reestructuración de la organización tras la muerte de Iturbe en Argel. Aseguran que ese debate se trasladó a las cárceles y se produjeron enfrentamientos entre partidarios y adversarios de la nueva política. En este contexto, afirman, la dirección de ETA hizo llegar a las cárceles un comunicado advirtiendo que serían expulsados del colectivo quienes no acataran las instrucciones oficiales. En ese tiempo, había 435 presos de ETA, concentrados 320 de ellos entre Herrera de la Mancha y Alcalá Meco y el resto en otros trece centros. Unos pocos presos entraron en la vía propuesta por el PNV -alguno de ellos muy relevante, eso sí-, y lo explican en el control de la dirección de ETA y sus apéndices, pero también en los incumplimientos de Múgica y su equipo.

La dirección de ETA leyó la situación como “una vuelta más a la tuerca represiva en el frente de makos”, implementada por los responsables del Ministerio del Interior español y de Instituciones Penitenciarias, “aconsejados por los jauntxos del Pacto antiabertzale”. La dirección de ETA vio como un peligroso problema la “errónea concepción de la campaña Presoak Euskadira” que estaba calando en el colectivo de familiares de presos. “Equiparar Amnistía, un concepto político y no jurídico -decía- con excarcelaciones o reagrupamiento, equivale a anteponer el interés individualista al colectivo y a olvidar su connotación política en el proceso marco del frente negociador”. ETA se dirigió entonces a Senideak para alertarle sobre una alternativa “descafeinada, que está siendo asumida por gran parte de nuestra militancia, que está potenciando las salidas individualistas y que está convirtiéndonos de dinamizadores en dinamizados, de acumuladores en acumulados, en torno a un mensaje de los partidos reformistas”. A los presos les recordó en una comunicación interna de 1994 que no podían olvidar que la cárcel era una faceta más de la vida militante y que la guerra sería larga. Les dijo que si las maniobras intoxicadoras del enemigo debilitaban a sus familiares y ponían en peligro su integridad como militantes, “deberían cuestionar la relación familiar, aunque solo sería de forma temporal, para evitar que Euskadi pueda señalarles como traidores”. La comunicación finalizaba apelando a “confiar ciegamente en la capacidad de regeneración de la Vanguardia, demostrada históricamente”.

Poco cuentan hoy todas estas consideraciones. ETA está pagando (Vae victis!) todos los peajes, sanciones y exigencias que se aplican a los vencidos, además de alguna tan inhabitual como la de que renieguen de la razón militante de su pasado. Los presos habían pasado de ser la moneda de cambio que un final acordado hubiera posibilitado, a ser rehenes y material para el juego político. Los padres de la estrategia de dispersión-alejamiento (y aislamiento) reconocen hoy que se trató de un elemento más de la política antiterrorista para romper la cohesión interna de la organización, debilitar su poder en las cárceles y alentar la disidencia, pero no todos están de acuerdo con ellos en que “con la banda desaparecida, esa dispersión no tiene sentido”. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, le ha mostrado al Gobierno de Sánchez cuál es la línea roja de su exigencia para que se dé el acercamiento de presos: el repudio, el rechazo, que renieguen de ETA, “un requisito mínimo, básico para iniciar un camino de reinserción: el resto son formalidades administrativas”. Si lo hicieran, estaría dispuesta incluso a apoyar esos acercamientos y no los interpretaría como una concesión del PSOE al PNV, que sí ve en la retirada del Tribunal Constitucional de la ley de víctimas policiales. No es difícil coincidir con los que ven en este planteamiento una contribución a la batalla del relato y, con Manuel Valls, a la derrota cultural de ETA, que “es lo que queda”. Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y diputada del PP, sostiene por su parte que faltan “muchísimos requisitos” antes de proceder al acercamiento y, tras escuchar al juez-ministro Grande Marlaska en sede parlamentaria que se hará todo con criterios de legalidad, ha apostillado que será legal, “pero obligatorio, no”. Se puede disculpar que lo dijera ella, víctima directa de ETA, pero no el silencio parlamentario y mediático que siguió a esta escandalosa manifestación.