Pulso en el transporte de viajeros

HA llegado a Euskadi el conflicto que venía larvándose, primero, y manifestándose, en las últimas semanas, en torno al sector del taxi. Es un conflicto que debe enfocarse bien desde el principio para desterrar el riesgo de que el debate sobre su futuro no caiga en simplificaciones. Ni el sector del taxi es un monopolio por deseo del colectivo de trabajadores autónomos que lo componen ni la desregulación ilimitada garantiza una competencia que ayude a mejorar el servicio al ciudadano. Sentadas estas dos bases hay que encarar la realidad de los datos. Esta nos indica que en Euskadi no existe la sobresaturación de licencias para arrendar vehículos con conductor (VTC). Las licencias en otros ámbitos del Estado suman una media de una licencia VTC por cada once licencias de taxi. En Euskadi el dato es claramente inferior: 1 a 26. Pero también aquí el criterio de ámbito estatal que regula el sector está siendo desbordado ya que éste determina que no haya más de una licencia VTC por cada 30 de taxi. La expectativa de que se aprueben varios cientos de solicitudes más desbordaría aún más el ratio que definió el Tribunal Supremo. El abaratamiento del servicio de transporte de viajeros puede ser un incentivo para liberalizar el sector, pero no puede convertirse en la selva. Una licencia de VTC puede costar hasta 25 veces menos que una de taxi. La normativa que se aplica a estos últimos vehículos en materia de seguridad para sus clientes (seguros, revisiones, etc.) es mucho más laxa para un modelo de negocio que originalmente se interpretó como un medio de acceso casi más vinculado a criterios colaborativos de carácter horizontal -entre particulares- que en el modelo de negocio que se ha impuesto en el Estado: grandes empresas acaparadoras de licencias VTC cuyos márgenes son exponenciales en relación a su competidor natural, el taxi, porque su actividad, además de la diferencia de costes, no está limitada del mismo modo que la de los taxistas y pueden rentabilizar sus viajes mucho más fácilmente porque no existe limitación en la carga de clientes en destino. En resumen, no se trata de limitar la libre competencia sino de evitar que una excesiva desregulación vaya en detrimento de la sostenibilidad del sector y de la calidad del servicio a los clientes. Lo que no resta que la protesta se mantenga en límites que no atenten, a su vez, contra la seguridad del tráfico.