Bajo el objetivo del consenso

LA disolución de ETA tras más de medio siglo de existencia en el que ha dejado centenares de víctimas y ha condicionado la vida política y social abre una nueva etapa en Euskadi. Tal y como reflejaron de manera conjunta el pasado viernes en Bertiz el lehendakari, Iñigo Urkullu, y la presidenta de Nafarroa, Uxue Barkos, este nuevo futuro que se abre sin ETA tiene como horizonte una convivencia normalizada entre los vascos en la que ya no puede tener cabida ningún tipo de violencia para alcanzar objetivos políticos. Una nueva etapa, por tanto, basada en dos grandes principios, por este orden: una memoria crítica y sin concesiones sobre el pasado que se sustente en la justicia, el reconocimiento y reparación de todas las víctimas; y una nueva política penitenciaria que tenga como objetivo real la reinserción de los presos desde la estricta aplicación de la legalidad vigente. Ambas son cuestiones básicas que, con ETA felizmente disuelta y desaparecida, redundarían en la profundización de la convivencia. Y en ambos ámbitos la base del éxito en este contexto histórico es el consenso, porque solo la adhesión de todas las fuerzas políticas y el acuerdo para su no utilización política pueden llevar al éxito y a la garantía de no repetición. En este sentido, la primera decisión adoptada por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tras el anuncio de ETA de que ha procedido a su disolución fue la convocatoria urgente del Pacto Antiterrorista, un foro que tradicionalmente ha estado cuestionado tanto por su composición como por sus fines. En cualquier caso, la iniciativa -aún sin concretar- puede y deber servir para abrir un nuevo tiempo. Es obvio que tanto en el terreno de la memoria y las víctimas como en el de la política penitenciaria, Rajoy necesita de un colchón que le ofrezca cobertura tras muchos años de confrontación, manipulaciones, utilizaciones partidistas y presiones de todo tipo. Por ello, la propuesta de Urkullu y Barkos de buscar una declaración unánime que reconozca la injusticia del terrorismo y la creación de un grupo de trabajo entre los Gobiernos vasco y navarro y el español para una nueva política penitenciaria puedan servir de base para un consenso amplio en el que quede meridianamente claro que no hay contrapartida alguna a ETA por su disolución pero que contribuya a un futuro de convivencia sin violencia.