UN posible error de cálculo de Carles Puigdemont ha facilitado la detención en Alemania del expresident de la Generalitat, tras la rápida y sorpresiva activación por parte del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de la euroorden de detención de las personas encausadas en el denominado procés que se encuentran huidos o exiliados en diversos países europeos. Puigdemont, en este sentido, parecía estar a salvo en Bruselas, donde había fijado su residencia con el objetivo manifiesto de internacionalizar el conflicto que se vive en Catalunya con el proceso soberanista y denunciar la represión política y judicial del Estado español. Sin embargo, su viaje a Finlandia, donde participó el viernes en un encuentro con políticos de aquel país y ofreció una conferencia en la Universidad de Helsinki, fue aprovechado por el juez Llarena para reactivar la Orden Europea de Detención (OED), lo que hizo que Puigdemont abandonara el país hasta que fue interceptado por la policía alemana camino de Bruselas. La nueva situación del expresident supone un cambio drástico en la estrategia independentista. Por un lado, habrá que esperar a la decisión final de Alemania respecto a la posible extradición de Puigdemont a España para ser procesado por los delitos de rebelión, sedición y malversación de los que le acusa el Supremo. Aunque hay delitos similares en Alemania -lo que no había en Bélgica-, hay dudas jurídicas sobre lo que pueda ocurrir finalmente. En cualquier caso, y más allá de la situación personal en que se encuentre Puigdemont, su estancia y situación procesal en Alemania ponen el foco aún más en la internacionalización del conflicto catalán y, más en concreto, en el ámbito y la implicación de la Unión Europea. Varios países de la UE -y en especial Alemania- van a tener que pronunciarse respecto a las graves acusaciones que pesan sobre quien ha sido máximo representante institucional de Catalunya y sus colaboradores y, sobre todo, sobre el requisito fundamental para la existencia de esos delitos -la existencia o no de violencia-, sobre la naturaleza política de la acusación y sobre las posibles dudas respecto a las garantías de un juicio justo en el Estado español. En cualquier caso, en Catalunya se está consolidando un peligroso estado de convulsión constante que se traslada a Europa, lo que exige por parte de todos -desde el soberanismo a la UE, pasando por Rajoy- acciones y soluciones políticas.