EL secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, presentó ayer un informe de 46 páginas sobre la desaparición hace ya cuarenta y cinco años -se cumplieron precisamente ayer- de tres jóvenes de origen gallego, de cuyo paradero nunca se ha sabido aunque los indicios recogidos apuntan a que fueron confundidos con policías españoles, secuestrados, torturados y asesinados en alguna zona de Iparralde por miembros de ETA, que posteriormente ocultaron sus cuerpos. La ausencia absoluta de investigación -el informe apunta a “falta de interés” tanto por parte de las autoridades españolas como francesas- y de información fidedigna pese a los continuos requerimientos de las familias de las víctimas -José Humberto Fouz, Jorge Juan García y Fernando Quiroga- han llevado al Ejecutivo vasco a hacer un llamamiento público, casi desesperado, a que cualquiera que pueda arrojar luz sobre el caso lo ponga en conocimiento de las autoridades “por humanidad y por empatía con el sufrimiento de sus familias”. En efecto, los familiares de las víctimas llevan 45 años sin saber absolutamente nada sobre lo ocurrido, ni siquiera dónde están, presuntamente enterrados, los cadáveres de los tres jóvenes. En los últimos años, sobre todo tras el cese definitivo de la violencia por parte de ETA, la sociedad vasca se está adentrando en un complicado ejercicio de memoria que permita conocer el pasado de violencia y reconocer y reparar a las víctimas. Pero no hay memoria sin verdad. Es un derecho inalienable para las familias de las víctimas, pero también para el conjunto de la sociedad. El mero recuerdo, incluso la empatía y la solidaridad, sin conocer la verdad de lo ocurrido es un ejercicio vacío. ETA tiene, por ello, una gran deuda pendiente con centenares de víctimas, incluidos estos tres jóvenes gallegos. La gran esperanza de estas familias reside en que, sencillamente y por humanidad, la organización señale el lugar en el que se encuentran enterrados, algo a lo que hasta ahora ETA se ha negado. Pero la construcción de la memoria colectiva exige más: el esclarecimiento de todo lo que ocurrió, tanto por parte de ETA como de otros grupos terroristas o del Estado, que también cuentan con numerosos casos sin resolver, sin autoría conocida y, por tanto, impunes. La memoria no prescribe.