LA abstención ayer de la CUP y la imposibilidad, por tanto, de que Jordi Turull fuese elegido president de la Generalitat antes de su citación hoy ante el juez del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, muestra de nuevo las dificultades internas del soberanismo catalán y su traducción a errores que han terminado por marcar el procés. Sin embargo, la no investidura de Turull no altera una realidad más grave: frente a la oferta de diálogo al Estado de su discurso de ayer, su citación junto a Romeva, Rull, Forcadell, Bassas y Rovira -aunque estas tres últimas renunciaron ayer a su escaño para “plantar cara al chantaje judicial del Estado”- para que les sea notificado el auto de procesamiento por el delito de rebelión sitúa a Catalunya ante un escenario de intervención judicial que excede la de su autogobierno por Madrid en virtud del artículo 155. La posibilidad cierta de que Llarena endurezca las medidas preventivas sobre Turull y el resto de los citados y decrete su ingreso en prisión -parece evidente tras denegar ayer la libertad a Joaquim Forn y Jordi Sànchez- permitiría la aplicación por el juez a los parlamentarios soberanistas de una interpretación extrema del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, también denominado artículo Yoldi, que estipula que “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo, mientras dure la situación de prisión”. Es decir, tras la renuncia previa de las tres investigadas antes de acudir al TS pero si la documentación de sus sustitutos no llega a tiempo, y dado que Puigdemont y Comin, en Bruselas, no pueden ejercer de parlamentarios, Llarena podría dejar al soberanismo con 63 de los setenta escaños obtenidos en las elecciones de diciembre y en minoría frente a los 65 constitucionalistas o, en su defecto, mantener al soberanismo bajo la amenaza de suspensión, lo que en todo caso supondría una intervención judicial de la democracia por alteración del resultado de las elecciones. Que ello deslegitimase cualquier decisión de una cámara adulterada y, por tanto, una mayoría de la sociedad catalana diese la espalda a lo que queda del intervenido autogobierno catalán parece no preocupar a quienes se dijeron dispuestos a repetir las elecciones hasta que su resultado les satisfaga.