EL escándalo de la firma Cambridge Analytica y el uso por la misma, supuestamente con fines electorales, de los datos de cincuenta millones de usuarios de Facebook que ha causado la apertura de sendas investigaciones en Gran Bretaña -por la Information Commissioner’s Office y el Parlamento- y Estados Unidos -por la Federal Trade Commission (FTC)- advierte a la opinión pública mundial del verdadero riesgo que las posibilidades de utilización de la información esparcida en las redes sociales e Internet implican para la democracia y de la necesidad de arbitrar medidas de control y transaparencia que protejan a esta en la nueva realidad del Big data. No se trata de una exageración. La FTC estadounidense analiza hasta qué punto pudo influir la actividad de Cambridge Analytica, contratada por la campaña electoral de Trump, en el resultado de las presidenciales que llevaron a este a la Casa Blanca porque la utilización de perfiles de cincuenta millones de votantes -de los que solo 270.000 habían dado permiso- para elaborar los targets -por no hablar de fake news- de la publicidad electoral no puede considerarse trivial cuando Hillary Clinton sumó 3,5 millones de votos más que Trump y el triunfo de este se fundamentó en apenas 77.000 votos en Pensilvania, Wisconsin y Michigan, estados que le aportaron los 46 miembros del colegio electoral necesarios para alcanzar la presidencia. Sobre todo si hace un año Facebook ya se vio obligado a admitir que nada menos que 126 millones de sus usuarios habían quedado expuestos a propaganda electoral a través de anuncios contratados por cientos de cuentas falsas. En el caso de Gran Bretaña, además de la denuncia de la estrecha relación entre el SLC Group (matriz de Cambridge Analytica) y el ala más euroescéptica del Partido Conservador de Theresa May, cuya privilegiada relación inicial con Trump se hizo evidente tras el triunfo del magnate, la influencia de la utilización de los perfiles en el referéndum por el Brexit tampoco debería considerarse baladí cuando la victoria de los partidarios de la salida de la Unión Europea se produjo por un 3% de los más de 33,5 millones de votos emitidos. La alarma, por tanto, está fundamentada. La preservación de la democracia -y de los derechos y deberes que conlleva- exige una nueva regulación exhaustiva del control de la información y de la protección de los datos de los usuarios.
