EL impresionante clamor de las centenares de miles de personas, en su mayoría jubilados y jubiladas, que tomaron ayer las calles de Euskadi y de todo el Estado español, debe suponer un punto de inflexión respecto a las justas reivindicaciones que desde hace ya tiempo están llevando a cabo este colectivo en favor de un sistema blindado que garantice unas pensiones públicas dignas para los mayores hoy, pero también para las generaciones futuras. La capacidad de movilización que han demostrado los pensionistas -y cuya fuerza pudo comprobarse ayer de manera abrumadora- ha superado muchas expectativas y ha cogido por sorpresa y sin capacidad de reacción a la clase política, especialmente al Gobierno de Mariano Rajoy. Pero se trata de un planteamiento que interroga a toda la sociedad, como también demuestra que las manifestaciones de ayer fueron secundadas por miles de trabajadores y de jóvenes que ven peligrar el actual régimen y su propio bienestar futuro. No cabe duda de que el sistema y la confianza de una gran parte de la sociedad en su viabilidad han quebrado. El consenso social -uno de los escasos existentes y, por tanto, un bien a cuidar especialmente- es claro en la defensa de un modelo público de pensiones dignas protegido como un derecho fundamental y a salvo de pugnas políticas y avatares económicos, sobre todo los causados por la aplicación de determinadas políticas. La Constitución establece en su artículo 50 que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Es evidente que no es suficiente, aunque, a la vista del endeble y falso debate del miércoles pasado en el Congreso, tampoco parece una prioridad política. El PP y el PSOE ya modificaron en 2011 el texto constitucional para introducir el concepto de estabilidad presupuestaria y blindar el pago de la deuda frente a otros gastos. Es hora, por tanto, de pasar del gran pacto social sobre las pensiones dignas visualizado ayer en la calle a blindarlas constitucionalmente como un derecho con obligación de su adecuada y justa revalorización así como la viabilidad presente y futura del sistema. Todo ello sin perjuicio de la exigencia de la asunción por parte de la CAV y Nafarroa de la competencia en materia de Seguridad Social, que garantizaría de manera más sólida las pensiones de los vascos.