Un objetivo común

LA reunión ayer en Barcelona entre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el lehendakari Iñigo Urkullu constata que pese a hallarse en momentos y diseños distintos en la consecución de sus aspiraciones de autogobierno, Euskadi y Catalunya comparten demandas de soberanía como naciones, diagnóstico de los problemas que dichas demandas enfrentan y una reflexión común respecto a que la legalidad no debe ser utilizada como muro de contención de las mismas sino como herramienta que permita encauzarlas. La pretensión de separar a ambas naciones en virtud únicamente del proceso diseñado por cada una de ellas para acceder a las mayores cotas de autogobierno posibles solo puede entenderse, por tanto, como un intento externo de restar fortaleza a las reivindicaciones de las sociedades vasca y catalana, que dentro de su diversidad siempre han mantenido un nexo común que las apuntala, o en su defecto como una tentativa que surge dentro de las mismas para cuestionar, con intereses particulares o partidarios, la vía que una mayoría clara de las sociedades vasca y catalana ha decidido impulsar, aun si en un caso supone modular momentáneamente el modelo de reivindicación y en el otro acelerarlo. En realidad, el hecho de que Catalunya y Euskadi compartan tantos aspectos de su aspiración nacional no conlleva que ambas naciones deban clonar el camino hacia su máxima expresión soberana, aunque finalmente coincidan en que esta no puede ser en ambos casos sino la de obtener un estatus propio en el concierto internacional de las naciones. En lo que sí coinciden miméticamente, sin embargo, es en considerar las consecuencias de que el Estado español siga sin resolver el problema de un modelo territorial que no responde a las necesidades y reivindicaciones de las naciones que contiene. Y en constatar que del mismo modo que la involución sufrida en el autogobierno inicialmente diseñado por los respectivos estatutos de autonomía -en el caso catalán, también tras la reforma del mismo- no ha hecho sino ampliar el soporte social de dichas demandas y la certeza de la idoneidad de la gestión propia, la inacción sostenida por el Estado ante las apelaciones al diálogo y la búsqueda de soluciones no va simplemente a perpetuar el problema, sino que llevará a Catalunya, también a Euskadi, a buscar dar respuesta democrática al mismo por sus propias vías.