EL pasado 29 de marzo, la primera ministra británica, Theresa May, envió una carta al presidente del Consejo Europeo comunicándole la intención del Reino Unido de abandonar la Unión Europea. Para ello invocó el artículo 50 del Tratado de Lisboa en el que se establece el procedimiento a seguir cuando un Estado miembro desea abandonar la Unión. Básicamente, hay dos opciones: puede haber un acuerdo en el plazo de dos años o, en caso contrario, al cumplirse este plazo se ejecuta completamente la desconexión jurídica. En principio, se entiende que esta segunda opción crearía un escenario de incertidumbre que podría aumentar los costes económicos y políticos del proceso. Pero a su vez esto también puede ser usado como baza negociadora. De hecho, el gobierno británico contempla esta posibilidad en su carta y la ha repetido en el discurso en el que esboza sus intenciones. Ha dicho que prefiere que no haya ningún acuerdo a firmar un mal acuerdo. La carta de May señalaba que si finalmente se produjese una salida sin acuerdo se aplicarían las leyes de la Organización Mundial del Comercio.
En estos momentos iniciales del Brexit, ambas partes, gobierno británico y autoridades europeas, buscan posicionarse bien en la dura negociación que se avecina. La estrategia del Reino Unido incluyó primero intentar comenzar a negociar el futuro marco de relaciones antes incluso de activar el artículo 50. Una vez fracasada esta posibilidad, ahora intenta vincular la negociación de los términos del divorcio con la del acuerdo futuro con la Unión Europea. La UE ya ha dejado claro, por su parte, que se tratan de dos cuestiones distintas. Primero habrá que solucionar el divorcio y sólo luego se abordará la nueva relación.
Lo que el gobierno británico desea para el futuro es un acuerdo profundo y especial con la Unión Europea que gire alrededor de dos puntos centrales, la economía y la seguridad. En realidad, vincula los dos temas y su advertencia de que si no hay acuerdo económico la cooperación en seguridad podría verse afectada se ha considerado una amenaza inaceptable por los otros socios comunitarios. De alguna forma, lo que parece querer decir el gobierno británico es que su importante cooperación en temas de seguridad, en lo que el Reino Unido es una potencia mundial, debería servir para negociar su acceso al mercado europeo sin restricciones, sin tener que aceptar la libre movilidad de personas. La Comisión Europea y muchos países europeos ya han dejado claro que las llamadas cuatro libertades forman un paquete y no pueden ser escogidas a la carta. El mercado está basado en la libertad de mercancías, servicios, personas y capitales. O todo o nada.
Esta ha sido también la posición del Parlamento Europeo, que con una amplia mayoría ha aprobado un documento con algunos principios de negociación y líneas rojas. Aunque la Eurocámara no tendrá un papel directo en la negociación, deberá aprobar el acuerdo final, por lo que sus criterios deberán ser tenidos muy en cuenta por los negociadores.
En su carta, la primera ministra May citaba un caso que merecía una atención especial. Se trata de la frontera británica con Irlanda y su importancia para el proceso de paz en Irlanda del Norte. Es obvio que el Brexit amenaza al propio proceso de paz, pero el gobierno británico le da la vuelta al argumento y lo convierte en un mecanismo de presión a Bruselas para configurar un acuerdo especial que permita que la frontera interna de la isla no se convierta en una frontera exterior de la Unión Europea. Irlanda del Norte, que ha recibido cientos de millones de euros en fondos estructurales y mediante programas de cooperación transfronteriza, puede convertirse así en una vía de acceso al mercado interior. Al menos, parece ser una de las principales bazas del gobierno británico.
El Parlamento Europeo, que en su resolución del 5 de abril sitúa los intereses y necesidades de los ciudadanos en el centro de las negociaciones del Brexit, hace también una mención a Irlanda del Norte y Escocia, recordando que una mayoría de sus ciudadanos votó a favor de permanecer dentro de la Unión Europea, así como muchos ciudadanos británicos. Sin embargo, deja claro que las condiciones de acceso al mercado único o a los servicios financieros, otra de las grandes preocupaciones del gobierno británico, deberán ser aceptadas por las autoridades comunitarias y los 27 Estados, evitando acuerdos bilaterales entre ciertos Estados y el Reino Unido.
Por otro lado, la prensa española ha detectado el olvido de Gibraltar en la carta de Theresa May, pero ¿alguien cree que el gobierno británico puede olvidarse de algo así? La cuestión es que a Gibraltar lo pondrá en la agenda el gobierno español, por lo que España presionará a Bruselas para obtener un acuerdo especial con el peñón. Y así el Reino Unido se ahorra pagar el coste de pedirlo.
En realidad, el caso de Gibraltar es muy particular, ya que el peñón no es parte del Estado británico. Por eso ha obtenido una situación tan especial y favorable mientras el Reino Unido era un miembro de la Unión Europea. Pero ahora que se va, Gibraltar pierde a su valedor y quedará fuera de todos los acuerdos que obtuvo gracias a la participación del Reino Unido. Sin embargo, España está muy interesada en aprovechar esta circunstancia para retomar su idea de una soberanía compartida en la roca. Ambos Estados, Reino Unido y España, tienen grandes intereses comunes y ambos ven con buenos ojos la idea de la soberanía conjunta. El problema puede estar en la promesa política a Gibraltar de que no se aceptará variar su estatus sin su consentimiento. Habrá que ver.
En definitiva, el Reino Unido vive un momento decisivo de su historia. Por un lado, el cambio de rumbo estratégico que supone el Brexit. Por otro lado, debe afrontar sus consecuencias en el encaje político de Escocia e Irlanda del norte y enclaves como Gibraltar. Sin embargo, la complejidad del Estado británico es también su mejor baza para adaptarse a este nuevo escenario, pues le permite explorar diversas vías para defender sus intereses.
Por último, es una posibilidad muy real que el Reino Unido vuelva a solicitar su entrada en la Unión Europea dentro de unos años. El sector de población más favorable al Brexit fue el de más edad y el más contrario, el más joven. Cuando pasen quince o veinte años, esa generación que conoció el imperio desaparezca y gobierne la generación que nació en la Unión Europea y estudió con las becas Erasmus, no parece descabellado pensar que el Reino Unido quiera juntarse de nuevo con sus socios europeos.
Pero habrá una diferencia en la forma de participar en la Unión. Ya no sería una Europa a la carta, ese invento británico, sino que debería entrar con las mismas condiciones del resto: euro, zona Schengen, participación completa en el presupuesto comunitario, aceptar la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión y sin excepciones en los temas que no les gusten. Y probablemente nuevas políticas que se incorporarán en los próximos años. Eso sería un Reino Unido verdaderamente dentro de la Unión. Este escenario ha sido vaticinado por personas tan relevantes como el liberal europeo Guy Verhosftadt o el editor del Financial Times, Wolfang Münchau.
Quién sabe. De momento, nos esperan dos años de negociaciones decisivas en los que además de los términos del divorcio del reino Unido de la UE quizás veamos otros divorcios o reacomodos políticos: Escocia, Irlanda del Norte, Gibraltar...
