LOS denominados Artesanos de la paz han anunciado y organizado el desarme definitivo de ETA este sábado, 8 de abril, de modo que, a partir del 9 de abril, esta última se convierta en una organización desarmada. El desarme pretende ser completo, seguro y verificado, tanto por los verificadores internacionales, representados por el Grupo de Ámsterdam, como por las instituciones vascas y galas. El desarme se producirá a las afueras de Baiona, por razones de seguridad, y será acompañado de un acto multitudinario en la capital labortana para poner punto y final a una larga historia que se inicia en 1959 con la creación de ETA y se finaliza en 2011 con la declaración del cese definitivo de la lucha armada poco días después de la Declaración de Aiete. A las declaraciones institucionales de los parlamentos vasco y navarro, se añade el posicionamiento de la mayoría política y sindical a favor de dicho desarme. La cuestión que se plantea, entonces, es la siguiente: ¿Cómo explicar que hayan sido necesarios más de cinco años para proceder a dicho desarme y, sobre todo, cuáles son los factores que explican que se produzca en ese momento?

Es precio tomar en consideración la actitud intransigente mantenida durante ese periodo por el Gobierno español y, en gran medida, por su homólogo francés. Además de no propiciar el desarme de ETA, a pesar de que esta organización no haya exigido ninguna contrapartida, ni en materia política ni en materia de consecuencias del conflicto, ambos gobiernos han obstaculizado, una y otra vez, los intentos realizados por ETA para proceder a su desarme. Tras un primer intento en 2014, con la ayuda de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), que dio lugar a la difusión de un vídeo en la BBC, a la organización de una conferencia de prensa en Bilbo y a la posterior convocatoria de la delegación de la CIV por la Audiencia Nacional, las policías españolas y galas han procedido a detenciones sucesivas de miembros de ETA responsables del decomiso de armas. Fue el caso en Biarritz y Ortzaize. Esta última detención generó una gran emoción y una notable solidaridad ciudadana, ya que las personas que dieron cobijo a los miembros de ETA eran muy conocidas localmente. Esta actitud de los Estados provocó un colapso de la situación y una concienciación de los actores civiles y políticos del País Vasco en cuanto a la necesidad de encontrar una salida a este impasse.

Asociado a ello, el desarme de ETA es indisociable del empoderamiento de la sociedad civil. Tal y como lo explicaron los cinco detenidos en la operación policial de Luhuso, que fueron posteriormente puestos en libertad aunque con cargos, decidieron propiciar dicho desarme ante la falta de voluntad y la incapacidad de los partidos políticos y las instituciones para dar una salida a esta cuestión esencial del conflicto armado. Al tratarse de personas que gozaban de una amplia trayectoria militante y que fueron o continúan siendo representantes de entidades de la sociedad civil organizada, como la Cámara de Agricultura del País Vasco o la Fundación Manu Robles-Arangiz, tomaron la iniciativa en ponerse en contacto con ETA para contemplar las posibilidades de un desarme en el que dicha organización trasladaría parte de sus depósitos de armas para que éstos procedan a su desactivación y a su posterior puesta a disposición de las autoridades galas. La detención de los artesanos de la paz generó una tal movilización en el País Vasco norte, con la organización de una manifestación que reunió a 4.000 personas en Baiona y la firma de una declaración solicitando la implicación del Estado francés en el desarme por más de 655 electos locales de todos los partidos políticos, que las autoridades galas decidieron liberarlos y Los cinco de Luhuso optaron por continuar con su iniciativa. Pero aprendieron la lección de Luhuso y propiciaron un desarme legal, completo y verificable con el mayor apoyo político, institucional y mediático posible.

Aun así, esta iniciativa ciudadana no hubiese tenido el recorrido que ha tenido si no hubiera obtenido el apoyo unánime de la clase política local. Ese apoyo, que se visibilizó tras las detenciones de Luhuso, se fraguó desde 2011, ya que los representantes de los principales partidos del País Vasco norte participaron en la Conferencia de Aiete. Esa colaboración se acentuó en los años posteriores, culminando con la Declaración de Baiona de 2014, que fue ratificada por los representantes de los partidos mencionados, de la izquierda abertzale (EH Bai) a la derecha francesa (UMP, que se convertirá en LR). Los amplios consensos alcanzados en materia de paz y convivencia traducen una transformación de la cultura política local, basada en el diálogo y la negociación, que resulta de la nueva gobernanza puesta en marcha en Iparralde a partir de mediados de los años 90. Los actores civiles e institucionales decidieron entonces pasar de una lógica de confrontación a una lógica de cooperación. Para ello, crearon casi-instituciones como el Consejo de Desarrollo y el Consejo de Electos del País Vasco. Con el transcurso del tiempo, aprendieron a conocerse mutuamente, a crear complicidades y a encontrar puntos de encuentro. Esto desembocó en amplios consensos, en materia de institucionalización del territorio, que han dado lugar a la creación de la Mancomunidad Vasca, y en lo que atañe a la paz y convivencia. Más allá, ha permitido una relación fluida y una colaboración constante entre instituciones y sociedad civil.

En ese sentido, el desarme de este sábado hubiera sido imposible sin la implicación de las instituciones y de los responsables políticos vascos. De hecho, después de la operación de Luhuso, los artesanos de la paz tomaron conciencia de la necesidad de colaborar con las instituciones vascas para que el proceso de desarme goce de respaldo institucional y para que las instituciones vascas actúen como facilitadores. Es la razón por la cual han mantenido una comunicación constante con el Gobierno vasco, el Gobierno navarro y la Mancomunidad Vasca. Esto ha desembocado en la declaración de la mayoría política y sindical del País Vasco sur y en las declaraciones de los Parlamentos navarro y vasco. Asimismo, previamente al anuncio realizado por los Artesanos de la paz ante los medios de comunicación, Iñigo Urkullu se reunió con Mariano Rajoy en La Moncloa para informarle sobre el proceso de desarme y solicitarle que no lo obstaculizara. Simultáneamente, el nuevo presidente de la Mancomunidad Vasca envío una carta al Gobierno francés para que propiciara el desarme de ETA o, al menos, no lo dificultara.

Ante la determinación de la sociedad civil organizada y la implicación de las instituciones vascas, a las que conviene añadir la voluntad de evitar un nuevo episodio similar al de Luhuso y el deseo de zanjar definitivamente la cuestión del desarme de ETA, las autoridades galas han flexibilizado su postura. La decisión de François Hollande de no presentarse para su reelección (y su voluntad de mejorar su balance político y de dejar un rastro en la historia) y la proximidad de las elecciones presidenciales (la primera vuelta tendrá lugar el 23 de abril) han hecho el resto. Desde el momento en que tuvo conocimiento de la intención de los Artesanos de la paz de proceder al desarme de ETA pasase lo que pasase, comunicó al Gobierno español su voluntad de no obstaculizar el proceso. Consciente del carácter delicado de la operación, tanto técnica como políticamente, Hollande puso al frente del proceso a tres personas de su máxima confianza: el primer ministro, Bernard Cazeneuve; la senadora Frédérique Espagnac, y el delegado del Gobierno en los Pirineos Atlánticos, Éric Morvan.

Cabe esperar que el desarme completo y verificado de ETA allane el camino hacia la resolución de las demás consecuencias del conflicto, como son los presos y refugiados, las víctimas y la memoria.