Restringir la democracia

EL anuncio por el gobierno español en funciones de Mariano Rajoy de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 10/2016 de 30 de junio reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, que fue aprobada por unanimidad por el Parlamento Vasco, resume y retrata al Ejecutivo que aún preside Rajoy. Le retrata en cuanto a su nulo respeto por las decisiones -también las necesidades- de la sociedad vasca, a través de sus representantes democráticamente elegidos, quienes unánimemente habían aprobado sustituir una ley que databa de 1986 (y que nunca fue recurrida) por otra más acorde con la realidad sociopolítica y con las apelaciones a la participación ciudadana treinta años después. Resume en consecuencia el absoluto desprecio que muestra por el autogobierno emanado del pacto estatutario y la capacidad legislativa que este otorga a las instituciones vascas, toda vez que el recurso a la Ley reguladora de la ILP no es sino uno más de los cientos que ha presentado el Gobierno Rajoy, bien a través de su delegado en la CAV, de la Abogacía del Estado o ante el TC a decisiones de los diversos niveles institucionales vascos. Desde a la reordenación urbanística municipal en una localidad, caso de Basauri, a las necesidades operativas de la Ertzaintza, con la pretensión de anular la última promoción, pasando por los acuerdos sobre jornada laboral de la Función Pública vasca. O mediante la imposición normativa de legislación básica que cercena la capacidad de la Educación vasca para organizarse hasta en materia de becas. O recurriendo decisiones que afectan a la convivencia en Euskadi, como el decreto de reparación de víctimas de la violencia. O a través de recursos contra leyes como la de Vivienda, la Ley Municipal, la Ley del Fracking... en un constante cercenamiento que supone, en la práctica, el cuestionamiento del Estatuto de Gernika que aprobó la sociedad vasca en 1978. Pero además, en el caso del recurso contra la Ley de la ILP vasca, se retrata también ideológicamente en tanto que al considerar inconstitucional el reconocimiento del derecho de los extranjeros residentes legalmente en Euskadi a tomar parte en una iniciativa legislativa popular, confirma el cariz restrictivo con que Rajoy, su gobierno y su partido entienden la democracia, a la que prostituyen al simplificarla a sistema que utilizan para enmarcar la limitación de los derechos civiles.