lA renuncia el martes de José Manuel Soria a su designación días antes como director ejecutivo del Banco Mundial (BM) pretende satisfacer a la opinión pública (y publicada) tras el escándalo inconcebible de que quien fuera forzado a dimitir como ministro por su relación con empresas en paraísos fiscales incluidas en los papeles de Panamá sea luego nombrado para un organismo del sistema de la ONU que provee asistencia financiera a los países en desarrollo con el fin de reducir la pobreza. Sin embargo, esa renuncia al excelentemente remunerado puesto en el BM no oculta las falsedades esgrimidas públicamente por el gobierno que preside Mariano Rajoy y por este mismo para tratar de justificar el nombramiento, mentiras que trasladan hasta el propio presidente en funciones la exigencia de la pertinente depuración de responsabilidades. Rajoy, como cualquier otro gobernante al que se compruebe que ha pretendido falsear su gestión y engañar a los ciudadanos, ni puede ni debe permanecer un solo minuto más en el cargo. Y Rajoy -al igual que otros miembros de su gabinete, especialmente el ministro de Economía en funciones, Luis De Guindos- ha pretendido falsear la realidad de la gestión de su gobierno y engañar a la ciudadanía también en este caso. Porque, contrariamente a lo dicho por Rajoy, el concurso para el puesto no era exclusivo de funcionarios, aunque fuese condición valorable. Porque el Ministerio de Economía no publicitó el concurso, lo redujo al ámbito exclusivo de técnicos comerciales del Estado, al que pertenece Soria, y lo retrasó hasta que el ex ministro pudo presentarse tras las elecciones. Porque contrariamente a lo dicho por el Gobierno, la evaluación de las candidaturas la realizaron las secretarías de Estado de Economía, Comercio y Tesoro y tres direcciones generales de Economía y de Industria; y porque, según sentencia de la Audiencia Nacional de julio de 2014, los cargos en el exterior de técnicos y economistas del Estado operan bajo “el principio de confianza ministerial” y en su designación el gobierno tiene “una amplia libertad para decidir” por lo que, en todo caso, una revocación no hubiese sido ilegal, como han pretendido públicamente quienes no pueden seguir en el cargo tras un escándalo, otro, que vuelve a retratar el régimen clientelar y de amiguismo desplegado por Mariano Rajoy y el PP en sus gobiernos.