Una y otra vez escuchamos que todos somos iguales ante la ley. Que vivimos en un país donde los derechos de los ciudadanos están garantizados. Algo que no se ajusta a la realidad. Si nos detenemos en uno de los artículos de la propia Constitución descubriremos que todo el monte no es orégano. El artículo 71 de la Carta Magna, en su punto número dos, dice: “Los Diputados y Senadores no podrán ser inculpados, ni tampoco se les someterá a ningún proceso judicial sin la previa autorización de las Cámaras del Congreso y del Senado, respectivamente”. Es decir que se debe emitir a las Cámaras un suplicatorio para que la justicia actúe. Se trata de facilitar un documento para que se aclaren las presuntas responsabilidades de sus señorías al margen de la ley. Aunque quien será competente para comenzar un proceso penal, tras el suplicatorio, será la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, no un juzgado de lo ordinario. Esta modalidad de protección ante posibles delitos se denomina aforamiento. Una rotunda y muy clara demostración de que la justicia en nuestro país es injusta. Algo que no deberíamos sorprendernos ya que el aforamiento ha sido elaborado y legalizado por los mismos que se benefician de ello, los senadores y diputados. Un privilegio que no existe en los países democráticos de nuestro entorno. Vivimos en un país democrático, pero con una enorme tara en lo relativo a la Justicia. Estamos al pie de un caballo llamado casta política. Casta que tiene la poca vergüenza de pedirnos su voto, el 26 de junio, para continuar poseyendo sus privilegios. Nos prometen mejoras sociales, nos prometen la luna y nada dicen de la derogación de sus enormes privilegios. Nuestros políticos son los verdaderos amantes de las desigualdades, de un Estado donde existan ciudadanos de primera y segunda. Los políticos desde se han convertido en un cáncer social, en la casta que deteriora democracia y libertades.
