La deuda con las víctimas del franquismo

EL Gobierno vasco, con el lehendakari, Iñigo Urkullu, a la cabeza, celebró ayer en Donostia un acto de reconocimiento institucional a las víctimas del franquismo, en el marco de la Jornada sobre resiliencia y Memoria Histórica organizada por la Secretaría de Paz y Convivencia dentro de los actos de Donostia 2016. Un encuentro de la máxima importancia, toda vez que las instituciones, y con ellas la sociedad, tienen, como reconoció el propio lehendakari, una deuda impagable con quienes sufrieron la injusticia de una guerra brutal provocada por el ilegal levantamiento en armas contra el régimen democrático de la República y la criminal represión posterior contra los “vencidos” o los “perdedores” de la desigual contienda. El hecho de que el acto contara con la presencia del lehendakari y de cinco consejeros del Gobierno vasco indica la solemnidad y la especial significación que el Ejecutivo quiso imprimir a un evento que se convirtió en un merecido homenaje pero también en un testimonio público de autocrítica por la injusticia y el olvido institucional padecidos por las víctimas de la dictadura. Un reconocimiento que contiene los mismos elementos de verdad, justicia, reparación y sincera autocrítica que tuvieron los actos de homenaje de Urkullu y el Gobierno vasco a las víctimas de ETA en junio del año pasado y a las víctimas de abusos policiales el pasado febrero. Un evento de memoria que en estas más de tres décadas de reinstauración de la democracia ningún Gobierno del Estado ha sido capaz de hacer. Más bien al contrario, los Ejecutivos del Partido Popular se han negado sistemáticamente a cualquier atisbo de recordar, investigar y reconocer a los damnificados y han puesto todas las trabas posibles al desarrollo de la Ley de Memoria Histórica -a la que los populares se han opuesto con todas sus fuerzas- y han intentado imponer el olvido, impidiendo incluso la búsqueda de fosas de los miles de asesinados que aún permanecen en cunetas a lo largo y ancho del país y ha despreciado los intentos de la justicia -como en la causa que lleva la jueza Servini- de esclarecer algunos hechos criminales. En este sentido, el acto de ayer supone una merecida y necesaria reparación, siquiera parcial, que debería tener su continuidad en los próximos gobiernos españoles, herederos -guste o no- de quienes perpetraron tan atroces hechos.