ERA perfectamente previsible que el Estado español recurriera a toda la artillería que estuviera a su alcance para embarrar lo más posible la campaña de las elecciones catalanas del 27-S. Primero fue la amenaza directa de algunos ministros del Gobierno, tanto en relación a la aplicación del artículo 151 de la Constitución y, en consecuencia, la suspensión total o parcial de la autonomía catalana como incluso -de manera irresponsable- de la posible intervención del Ejército.

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