LO que viene no es el cierzo que sopla frecuentemente en invierno por las tierras del sur de Álava, no es tampoco un ventarrón veraniego procedente de los Cameros y portador de pedriscos y de desgracias puntuales. Esta vez es mucho más peligroso y general: es el tsunami de la liberalización, el de la pérdida de los derechos, el de la devaluación de las uvas y las viñas de Álava... El nuevo Real Decreto del Potencial Vitícola que está a punto de aprobar la Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente española puede ser para los viticultores alaveses más dañino que lo que la filoxera lo fue para sus abuelos si no empezamos desde ya a dar la alarma, a establecer muros de contención, a plantear vías alternativas de salida... No se gana nada con la táctica del avestruz o con la estrategia de silenciar la evidencia y negar los hechos.

Hace unos años, el lehendakari Juan José Ibarretxe avisaba públicamente de los riesgos de la “liberalización encubierta” y de la pérdida patrimonial que la desaparición de los “derechos de plantación” podían suponer para los viticultores alaveses. Muchos creyeron que no sería para tanto, máxime desde que nuestra entonces diputada Arantxa Tapia, en la actualidad consejera, consiguió presentar en el Congreso una propuesta “antiliberalización” que fue aprobada en las Cortes. Por eso no daba crédito estos días cuando leía y releía el borrador del decreto de la ministra García Tejerina que me ha pasado un político de Logroño. “¿Qué te parece, Miguel?”. “Pues que mi lehendakari Ibarretxe tuvo razón en su premonición de hace siete años”, le contesté, sin que el entendiera que quería decir.

Esta misma semana, Luis Hidalgo, experto vitivinícola, expresaba en las páginas del periódico La Rioja las consecuencias económicas del nuevo cambio de normativa referente al régimen de plantaciones de viñedo: “A partir del próximo 1 de enero de 2016, traerá importantes cambios, teniendo un importante impacto económico en zonas como Rioja” . Refiriéndose a la pérdida de los derechos de plantación y su sustitución por simples autorizaciones administrativas sin coste y sin posibilidad de compraventa, decía sobre su repercusión en la Denominación Rioja: “No es difícil calcular la importante pérdida de patrimonio que supondrá esta medida y que puede cifrarse entre los 1.150 a 1.900 millones de euros o 200.000 a 300.000 millones de pesetas”. Según esos datos referidos a toda la Denominación, los viticultores alaveses tendrían unas pérdidas patrimoniales, según Hidalgo, del orden de 50.000 a 75.000 millones de las antiguas pesetas.

A pesar de que Hidalgo comete un gran error por exceso en la cuantificación de esas pérdidas, debo reconocer con él que va a haber una importante pérdida patrimonial, especialmente en viejos viñedos, en viticultores que se jubilan sin descendencia, en aquellos que abandonen las pequeñas explotaciones por falta de rentabilidad...

El hecho es que... Además de eso, la pérdida mayor va a venir de la mano de ese incremento anual aparentemente humilde e inofensivo del 1% anual: en sólo diez años, va a crecer la Denominación por esa vía en 7.000 hectáreas, media Rioja Alavesa, casi una producción extra de 50 millones de kilos de uva cada año. La devaluación consiguiente en el precio de la uva y en el precio de la viña alavesa va a ser una constante, entre otras razones porque Araba no tiene dónde crecer ese 1%, mientras que el resto de la Denominación, sí.

El hecho de que propietarios de tierra blanca en Rioja Alavesa puedan plantar gratuitamente cada año 140 hectáreas de viña, 1.400 hectáreas en el próximo decenio, cuando no hay tanta tierra con vocación vitícola en la comarca, hace que todas las solicitudes, por grandes que sean, vayan a ser atendidas.

El hecho de que grandes bodegas con implantación en Rioja y que tienen inmensas extensiones de viñas en otras regiones españolas vayan a poder transferir sus derechos de plantación a La Rioja abre una multitud de incertidumbres, todas peligrosas.

El hecho de que la Diputación de Álava vaya a perder la competencia de administrar el potencial productivo del viñedo alavés en beneficio del ministerio es una pérdida competencial igualmente peligrosa.

El hecho de que esas casi 400 hectáreas sobrantes del reajuste SIG ya no puedan ser vendidas ni transferidas a terceros, el hecho de que ya no tiene sentido que las utilicen los agricultores como reservorio para plantar en los próximos años porque se les van a conceder gratuitamente y sin restricciones todas las autorizaciones de plantación que un agricultor alavés medio pueda llegar a necesitar, convierte en papel mojado todas las promesas hechas al respecto en esta legislatura. Y si esas 400 hectáreas no se modifican, los pequeños propietarios de las más de 150 hectáreas que ya se han dado de baja, se han pasado a la Reserva o se han perdido se podrán considerar agraviados y engañados por quién no previó los cambios normativos.

Asimismo, los que van a plantar en 2015 con derechos de esas extintas Reservas, los que sueñan con una prórroga legal de ese derecho que se les concedió en la campaña 2012-13 y que caduca este 2015 y por el que pagaron más de mil euros por hectárea, se podrán preguntar con razón ¿para qué me cobran por unos derechos de plantación cuando desde el 2013 la Unión Europea ha dicho que las plantaciones a partir del 1 de enero próximo son libres y gratuitas? Otros se podrán preguntar: ¿Para qué me quitaron unos derechos si finalmente no han servido a nadie?

El hecho de que en 2013 se denegaran a agricultores profesionales un centenar largo de hectáreas de derechos, a pesar de que se devolvieran más de 160 hectáreas al ministerio y de que las fincas ya estuvieran preparadas, está suponiendo un retraso absurdo de tres años en la plantación, con una pérdida económica de al menos 1,5 millones de euros en uva.

‘Viticultores de papá’ El hecho de que el criterio de prioridad para la obtención de las autorizaciones de plantación (artículos 2 y 9) ya no esté vinculado a la exigencia de ser agricultor profesional o explotación prioritaria, sino que cualquier persona física o jurídica “que obtiene el producto de la viña”, cualquier propietario de tierra blanca menor de 40 años ya tendrá prioridad en el reparto, favorece la expansión del viñedo en los grandes terratenientes, favorece el que los “nuevos viticultores” no sean ya jóvenes agricultores sino hijos de papá.

Ese cambio de criterio es una convulsión sin precedentes en la política vitícola alavesa, hasta el punto de que, por ejemplo, tres grandes terratenientes con cincuenta hectáreas cada uno de tierra blanca en Rioja Alavesa saben que las plantarán inmediatamente de viña, sí o sí. Se acabó el goteo de una hectárea máximo al que han estado sometidos los agricultores durante décadas, se acabaron las prioridades sociales, ahora esta liberalización que se nos propone con otro nombre va a posibilitar que se plante en Rioja de 25 en 25 hectáreas cada año. Sólo hay que ser terrateniente, sólo hay que ser dueño de las tierras.

Ah! Y las ayudas económicas a la plantación que da la Unión Europea, lógicamente, serán también mayoritariamente para esos grandes terratenientes que pueden plantar de 25 en 25 hectáreas.

La convulsión que esta normativa va a causar en el plazo de unos pocos años en buena parte de las explotaciones vitícolas alavesas es de tal dimensión que me he permitido compararlo con un gran e inesperado tsunami, aunque hay que reconocer que lo de inesperado aquí no encaja, pues algunos ya lo habíamos adelantado.

La pregunta que me hago al leer y releer este Proyecto de Decreto de la ministra es cómo Pedro Sanz y Javier de Andrés, responsables de las plantaciones, no le hacen llegar a su compañera una voz de alarma desde la Denominación Rioja, sin duda la más perjudicada por estos cambios normativos.