EL anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el Consejo de Ministros español el pasado viernes supone un inquietante salto cualitativo en el control de las libertades individuales y no parece, al menos a la luz de la literalidad del texto, que vaya a servir para satisfacer las muchas necesidades de la administración de justicia frente a algunos delitos.

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