Irresponsabilidad indepurable

EL contagio del virus del ébola a una auxiliar de enfermería del Hospital Carlos III, en el que fallecieron los dos misioneros españoles repatriados tras contraer la enfermedad en África, es un cúmulo de despropósitos e incapacidades que retratan, no a los profesionales de la Sanidad estatal, sino a quienes desde el más alto nivel de la administración pública la gestionan. Puede cuestionarse, en primer lugar, la transformación previa, en mayo, del Hospital Carlos III de centro de referencia para enfermedades emergentes y pandemias a hospital para crónicos, consecuencia de los recortes planteados por una visión economicista de la Sanidad, lo que limitó sobremanera un servicio puntero en enfermedades infecciosas. También desde el punto de vista exclusivo de la salud pública es cuestionable -aunque razonable en lo humanitario- la decisión de repatriar a los misioneros, es decir, el traslado consciente del virus de un continente a otro, que cualquier especialista hubiera desaconsejado para abogar por el tratamiento in situ antes de la repatriación. Pero es mucho más que evidente que antes de tomar dicha decisión se han de prever y anticipar cada una de las contingencias posibles, así como sus potenciales consecuencias, y certificar -más allá de lo exigible incluso- los protocolos que deben proteger la salud pública. No en vano en la UE se producen un millón de contagios anuales por accidentes hospitalarios y solo en la Comunidad de Madrid se dan 2.800 exposiciones accidentales cada año. Pues el ministerio que dirige Ana Mato, el gobierno que preside Mariano Rajoy, no solo no lo han hecho sino que ni siquiera han cumplido la directrices legales, ignorando el art. 4.3 de la directiva europea 2010/32 sobre seguridad hospitalaria y su trasposición a la normativa estatal publicada en el BOE el 31 de julio de 2013 (por cierto, con tres meses de retraso) y el decreto 664/1997 de 12 de mayo sobre la protección ante agentes biológicos al no proveer a quienes atendieron a los misioneros infectados ni de la información y formación pertinente (art. 12), ni de las prendas de protección adecuadas (art. 7.1.b) ni de la vigilancia en su salud (art. 8) que dicha normativa exige al trabajar con ébola, uno de los ocho agentes biológicos (de los 351 explicitados en el decreto) catalogados en el nivel 4 (de máximo riesgo). Ni siquiera la dimisión o el cese, que debería ser inmediato, llegan a depurar tamaña incompetencia e irresponsabilidad.