Inmovilismo más regresión

Alas puertas de entrar en el cuarto final de la legislatura y en un último año electoral que concatenará las municipales de primavera con las próximas generales, el gobierno de Mariano Rajoy compendia el inmovilismo respecto a materias relevantes, extensión al gabinete del tancredismo que personaliza su presidente, con la regresión social, cultural y laboral trasladada al gobierno por el sector ideológico más extremo del PP que incluye la patente actividad en pos de una callada recentralización de profundas raíces genéticas en la derecha española. El perfil inmovilista del Gobierno Rajoy es evidente en tres aspectos que muy al contrario deberían haberse convertido a estas alturas de legislatura en ejes esenciales de su gobierno. Rajoy ha tallado una respuesta pétrea al problema de imbricación en el Estado de Catalunya, llevando las aspiraciones soberanistas a su expresión más mayoritaria y el pulso con la sociedad catalana a un ámbito muy cercano al no retorno. La inacción, en este caso aderezada de silencio, es tanto o más patente respecto a Euskadi, y por partida doble ya que afecta tanto al autogobierno, sea ante los intentos de proteger el existente amenazado sea respecto a la exigencia de nuevas cotas, como a un proceso de paz que en la práctica y por parte del gobierno español se encuentra donde Rajoy lo halló al llegar a La Moncloa, sin una sola iniciativa ante el mismo. Y es asimismo evidente la ineficacia, cuando no la pasividad, ante (o con) la corrupción que ha golpeado más que salpicado a su partido (caso Gürtel y adyacentes) y a instituciones relevantes del Estado. Sí se ha comprobado, por el contrario, un notorio esfuerzo legislador en dos aspectos. Por un lado, en la traslación a la sociedad de directrices mediatizadas de ideología extrema que llevan a retrocesos en el ámbito sociocultural, como en el caso de la Lomce o la tan traída y llevada reforma de la ley del aborto, y socioeconómico, con los evidentes recortes de derechos y bienestar que emanan sobre todo aunque no únicamente de la reforma laboral. Y, por otro, una numerosa producción normativa que con la misma excusa de la crisis -de la que, sin embargo, la economía española no remonta- invade o cuestiona mediante recursos competencias que en el caso de Euskadi son definidas como exclusivas en el Estatuto de Gernika.