Aforamiento y cosmética

LA propuesta del ministro de Justicia del Gobierno español, Alberto Ruiz Gallardón, de reducir el número de aforados en el Estado de 17.621 a veintidós -presidentes de Gobierno, CC.AA. Congreso, Senado, TC y TS- más la familia real; incluya o no reformas de la Constitución y los Estatutos, como matizó ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; se antoja una impostura del verdadero intento de atajar los graves problemas de credibilidad e imagen que afectan a los políticos del Estado más que a la política. En realidad, la reducción del número de aforados sería absolutamente innecesaria si la propia figura del aforamiento que, por ejemplo, la Constitución contempla en sus artículos 71.3 o 102.1 hubiese sido empleada hasta la fecha en virtud del espíritu que pretendió originalmente el legislador al alterar las reglas de competencia judicial penal. Es decir, como un modo de delimitarla en el Tribunal Supremo en el caso de parlamentarios o miembros del gobierno y no como elemento de protección a estos consecuencia de la políticamente mediatizada elección de los miembros del alto tribunal y en la práctica de la desaparición de la separación de poderes. Y otro tanto cabría decir de la también pretensión del ministro Gallardón de revisar la mecánica del indulto político. En todo caso, además, una verdadera revisión del aforamiento sólo podría conllevar su desaparición para, del mismo modo que en otros países como Francia, Gran Bretaña, EE.UU. o Italia limitarse a la necesidad del suplicatorio previo por parte de las cámaras legislativas antes de que uno de sus miembros sea enjuiciado por el órgano judicial competente en virtud de la presunta infracción y no del cargo que ocupa el presunto infractor. En realidad, si la pretensión de corregir las carencias del sistema que permiten al ciudadano dudar de su justicia fuese veraz, la mayoría absoluta del gobierno que preside Mariano Rajoy no se utilizaría para plantear una limitación del número de aforados que sin reforma constitucional se puede entender meramente cosmética o, en su caso, puede abrir la puerta a un todavía menor control popular de la actividad política, sino para preparar y presentar una profunda reforma de las relaciones entre los poderes judicial y político.