LA dificultad de sustraerse a los comunicados de ETA es más que evidente, toda vez que provocan la toma de posición de todo el espectro político vasco. El de este fin de semana puede juzgarse por su contenido y por las reacciones que ha provocado. En ambos casos, la conclusión es similar en tanto no ha provocado grandes giros estratégicos. En las formaciones de EH Bildu que se han manifestado al respecto, el anuncio del “desmantelamiento de las estructuras logísticas y operativas derivadas de la práctica de la lucha armada” se ha valorado prácticamente como el desarme de facto de la organización y han acompañado esa convicción con la exigencia de un cambio radical de escenario en consecuencia. No cabe negar que el paso dado por ETA es una condición necesaria para garantizar su desactivación como amenaza, y que su voluntad expresada de completar el sellado de armas es un proceso que le corresponde acometer en condiciones de dificultad operativa. Pero dos años y medio después del anuncio de alto el fuego “permanente, general y verificable”, cuando la propia ETA mide sus tiempos y ha diferenciado con una escenografía elegida por ella misma el sellado de la entrega definitiva de armas, parece precipitado reclamar que se activen en respuesta a ese paso iniciativas políticas confusas en su definición como cuando ayer Aralar consideraba llegado el momento de hablar incluso de amnistía. Semejante escenario -la demanda de una amnistía- difiere radicalmente de la realidad política identificada en el pasado reciente como factible por la propia izquierda abertzale. Rescatar ahora una iniciativa tal como fórmula para afianzar o concluir el proceso de convivencia y pacificación es aventurero e introduce una desorientación preocupante. La unilateralidad del proceso de liquidación de ETA ha sido su propio compromiso y, en consecuencia, una obligación asumida ante la sociedad vasca. Sabido es que en el Gobierno español hay una falta de voluntad evidente a la hora de facilitar caminos que aceleren el proceso de reconciliación social en Euskadi. Su responsabilidad en la lentitud de este proceso es obvia, pero la realidad dice también que el Estado y sus estructuras políticas y jurídicas tienen una función que hay que seguir apelando y demandando que ponga en juego y que no la sustituye un frente político.