LA aprobación por el Consejo de Ministros del Gobierno que preside Mariano Rajoy del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana pretende haber incluido una revisión del anteproyecto que, dado a conocer el pasado 29 de noviembre, originó numerosos recelos y críticas, incluidas las del propio Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal. Sin embargo, la revisión de algunos de los apartados de aquel anteproyecto de ley, según el ministro Jorge Fernández Díaz tras incluir aportaciones de alguno de esos órganos consultivos, no consigue encubrir que la misma forma parte de toda una corriente legislativa, que incluye desde los límites al acceso a la justicia por el ciudadano con la Ley de Tasas al endurecimiento sancionador del nuevo Código Penal e impone nuevos recortes de derechos y libertades públicas. Porque lo que se anuncia como una atenuación del carácter represivo de la ley, por ejemplo en lo referente al alcance de la potestad de los guardias jurados o en el tiempo de retención para la identificación por la Policía, en realidad supone un endurecimiento de las condiciones anteriores. Y lo que se califica como una mitigación de las sanciones económicas respecto a las contempladas en el anteproyecto es, sin embargo, la conversión de las faltas en infracciones y mantiene tanto las multas y su cuantía -100 a 1.000 euros, las leves; 1.000 a 30.000 euros, las graves, y hasta 600.000 euros, las muy graves- como la traslación al gobierno de competencias para imponerlas que hasta ahora han pertenecido a la administración de Justicia. Considerado todo ello precisamente cuando en el Estado español parecen reducirse los problemas de seguridad e incluso se ha producido un descenso, ínfimo (0,7%), pero descenso, del número de delitos; cabe preguntarse por la motivación de esta iniciativa legislativa y por la necesidad y urgencia de la misma. Y también cabe concluir, en consecuencia, que la Ley de Seguridad Ciudadana nace expresamente de un impulso ideológico -evidente en el capítulo de las infracciones por ofensas a España, su himno o sus símbolos- y de un afán por exacerbar el control de la ciudadanía y de los medios para reprimir las expresiones de disidencia cada vez más evidentes ante otras políticas del Gobierno Rajoy.