Los riesgos de judicializar la política

EL cierre del dictamen de la comisión parlamentaria sobre las ayudas públicas concedidas a los proyectos automovilísticos Epsilon e Hiriko y la pretensión de EH Bildu de judicializar dicho caso así como la oportunista petición de implantación de un fiscal anticorrupción en Euskadi realizada por Arantza Quiroga (PP) presumen un cambio de actitudes que amenaza con situar a la política de Euskadi en un entorno judicializado similar al que ha acabado por causar un alto desprestigio de la misma a nivel del Estado. Es irrebatible que dicho riesgo ni puede ni debe coartar uno de los principales objetivos de la acción parlamentaria, como es el de la fiscalización de la gestión institucional y el severo control del uso de los fondos públicos, pero es tanto o más obvio que dicha imprescindible fiscalización debe tener las necesarias dosis de prudencia para no caer en la exageración del gesto, sea como consecuencia de un exceso de celo o, mucho más grave, de un simple interés partidario o de desgaste del rival político. En ese sentido, no es vano el ejemplo del sobreseimiento, por el juzgado de instrucción número 1 de Gernika, siguiendo las conclusiones de la Fiscalía Provincial de Bizkaia, de la acusación que el actual gobierno municipal de Bermeo, de Bildu, había presentado contra el anterior alcalde, Xabier Legarreta (PNV), sobre presuntas irregularidades en la construcción de VPO en San Miguel, al no acreditarse en las diligencias practicadas delito alguno. La exigencia de transparencia y la utilización de todos los mecanismos de supervisión de la actividad institucional son diametralmente contrarias a la arbitrariedad y la frivolidad en la utilización del ámbito judicial con el fin de perjudicar la imagen del rival ideológico o electoral. De hecho, dicho intento de manipulación de la opinión pública es una peligrosa veleidad que la política no se puede permitir. Mucho menos cuando soporta, como ahora, un serio cuestionamiento debido a actitudes concretas que, precisamente por serlo, no debe contribuirse a que se consideren generalizadas. Pero, además, en el caso de las formaciones cuya ideología conlleva teóricamente un proyecto nacional es exigible, con el fin de no perjudicar dicho proyecto, que se extremen cordura y ponderación al considerar la posibilidad del traslado a la justicia de aquellos actos de gestión pública que nunca debieran alcanzar ese ámbito.