El contraste Sarkozy

EL episodio de la detención para ser interrogado del expresidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, y su imputación por corrupción activa, tráfico de influencias y encubrimiento ofrece numerosas lecturas y evidentes contrastes más allá de sus consecuencias en el que era inminente intento de retomar protagonismo político del líder de la Union pour un Mouvement Populaire (UMP). En primer lugar, llama la atención que se haya aplicado sin deferencia alguna al expresidente de la República la figura de la garde à vue, que en virtud del artículo 63 del Código de Procedimiento Penal francés otorga a la Policía la potestad de retener hasta 48 horas en comisaría al interrogado cuando este es sospechoso de un delito. Esa mera acusación implícita al ex jefe del Estado francés contrasta con las enormes consideraciones desplegadas en el Estado español en aquellos procedimientos judiciales que han incluido declaraciones o imputaciones o simplemente han guardado relación con miembros del gobierno o de los distintos poderes del Estado. El contraste es mayor cuando se contempla cómo se han desarrollado -en realidad cómo no se han desarrollado-, en qué han quedado esas investigaciones y sus consecuencias en el Estado español frente a las de otros casos (Chirac, Fabius, Villepin, Alliot-Marie...) que han afectado a altos cargos en Francia. Y alcanza el nivel de extremo al considerar que el Parlamento español acaba de aprobar una ley exprés de aforamiento del saliente jefe de Estado para dificultar la petición de responsabilidades penales o se comprueba que sus familiares son objeto de un tratamiento singular en el que el ministerio fiscal se empeña en proceder como activo de su defensa. Pero tanto el proceder en Francia con Sarkozy como su contraste con la actuación habitual en las investigaciones judiciales en el Estado español no son el efecto -al menos no únicamente- de impulsos o actuaciones individuales. Muy al contrario, tienen su base en una muy distinta concepción de la ley, tanto en cuanto a su utilización política como, en consecuencia, respecto a la igualdad ante la misma, que en el caso de la República Francesa está fundamentada tanto en una tradición histórica como en una democráticamente imprescindible nítida separación de poderes, inexistente de facto en el Estado español.