La consolidación del escenario de paz y la normalización de la convivencia fueron presentados al inicio de la legislatura por el lehendakari Iñigo Urkullu como uno de los tres ejes de acción de su gobierno. Lo contrario hubiera sido confiar al efecto de la costumbre, en el caso de la paz, y a la generación espontánea, en el de la convivencia, el futuro sociopolítico de nuestro país y obviar la que quizás hoy sea la responsabilidad prioritaria de las instituciones vascas. Pero no solo de las instituciones vascas. Por un lado, no impulsar hacia el desarrollo de las condiciones de ese futuro a quienes han tenido responsabilidades, incluso dramáticas, en la historia de sufrimiento que ha padecido Euskadi, dejando la paz y la convivencia al albur de los acontecimientos, hubiera conllevado el riesgo de favorecer a quienes aún hoy buscan polarizar las relaciones políticas y enfrentar a la sociedad vasca. Por otro, no pretender del Estado, de sus instituciones, la asunción también de sus competencias en el fin de cinco décadas de violencia y la comprensión de las necesidades de la nueva situación supondría rendirse al ilógico inmovilismo que parece mantener el Gobierno de Mariano Rajoy y permitir el encizañamiento del problema como consecuencia evidente. Del mismo modo que cabe exigir la asunción de su responsabilidad, la de la acción y la iniciativa política, a todas y cada una de las formaciones políticas que, a priori, tienen como objetivo la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Porque difícilmente es concebible mayor mejora que la consecución de la convivencia en paz. Por todo ello, la asunción reiterada de su responsabilidad en el proceso por el Gobierno que lidera Iñigo Urkullu, explicitada en el Plan de Paz y Convivencia aunque no únicamente en dicho plan, conlleva también la exigencia de respuestas diferentes, mucho más nítidas, a las que se han venido ofreciendo. En la admisión por una parte de los errores cometidos y el daño causado y especialmente en cuanto a la desaparición de la más ínfima posibilidad de amenaza de rebrote violento. En la supresión, por otra parte, de mecanismos, políticas y entramados legislativos que en nada colaboran a que dicha admisión se realice en términos definitivos. Y, de todos, en el esfuerzo de comprensión que elimine barreras al diálogo multilateral.