LA firme y masiva oposición a la reforma de la Ley Organica del Poder Judicial (LOPJ) por parte de los magistrados que deben interpretar la ley e impartir justicia, tanto a través de sus asociaciones profesionales como de sus autos en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores, debería ser motivo más que suficiente para que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, reconsiderara el proyecto. Pero ni siquiera es el único motivo para hacerlo. La nueva LOPJ ya nació con la resistencia unánime de la oposición, puesto que únicamente los votos del PP sacaron adelante la proposición de ley el pasado febrero, a pesar de que una reforma de estas características exigiría el más amplio consenso político posible. Y también tuvo severos defectos formales de procedimiento al ser presentada por el Grupo Popular y no por el Gobierno con el único y estudiado fin de acelerar la tramitación y evitar informes negativos sobre la misma, incluyendo el del propio Consejo General del Poder Judicial. Para colmo, la LOPJ acota el alcance de la justicia al restringir las condiciones de su actuación en el extranjero a pesar de que dicha limitación incumple la protección que el art. 96,1 de la Constitución ofrece a los derechos universales contemplados en los tratados internacionales suscritos por el Estado español. Y finalmente vuelve a limitar el acceso del ciudadano a la justicia, ya mermado por la aprobación a final de 2012 de la llamada Ley de Tasas Judiciales -que provocó un descenso del 27% en el número de recursos- al centralizar los 431 partidos judiciales en 54 Tribunales de Instancia en las capitales de provincia. En el caso de la CAV, supondría reducir a poco más de la mitad, en el mejor de los casos, los 14 partidos judiciales existentes en la actualidad. Pero, además, si a todo esto se añade la firme sospecha de que la nueva LOPJ dificultará la actuación de la justicia en la persecución de delitos de corrupción (puede suponer la revisión o retardo de algunos de los casos más relevantes que se instruyen hoy y que más han afectado a la credibilidad de las instituciones y la política) y de que se pretende un poder judicial aún más jerarquizado y controlado por los poderes ejecutivo y legislativo, cabe concluir como razonamiento principal de la exigencia de retirada de la ley que esta conforma una profunda restricción de los principios democráticos.