LA sentencia del Tribunal Constitucional español que pretende haber anulado la declaración aprobada en enero de 2013 por la que el Parlament catalán definía a Cataluña como "sujeto jurídico y político soberano", pero que al mismo tiempo admite el derecho a decidir del pueblo catalán siempre y cuando se lleve a cabo dentro del marco legal supone en realidad una negación constitucional de la democracia por cuanto constriñe el ejercicio básico de la misma, la expresión de la voluntad mayoritaria, al corsé de una legalidad que, sin embargo, dice posible alterar. En otras palabras, la sentencia entiende que la Constitución es reformable en todos sus aspectos, en teoría incluso en su artículo 2, que marca "la indisoluble unidad de la Nación española"; salvo en uno solo, el artículo 1.2 que señala el ámbito -"el pueblo español"- en que reside la soberanía para hacerlo, lo que de facto elimina dicha posibilidad. El TC, por tanto, entiende el derecho a decidir como una aspiración legítima que, sin embargo, no se puede llegar a cumplir porque se supedita a un solo valor constitucional y al diseño institucional del Estado, lo que constata, aun sin pretenderlo, la confrontación entre la legalidad constitucional y la legitimidad democrática, empuja hacia la que deberá existir entre la legalidad constitucional española y una previsible legalidad constituyente catalana -ningún proceso de independencia ha podido ser culminado hasta la fecha dentro del respeto absoluto a la legalidad- y, en definitiva, a una confrontación de la legitimidad de Catalunya, expresada por una voluntad popular que debe cotejarse de algún modo, y la legimitidad que el Estado se atribuye en la defensa de su integridad. Todo ello no hace sino acotar el problema histórico de la integración de Catalunya -y de Euskadi, que hoy abre la ponencia sobre autogobierno que debe analizar esa confrontación de legitimidades- como un problema político, tal y como lo definió ayer mismo la magistrada catalana del Tribunal Constitucional, Encarna Roca; lo que sitúa en el ámbito de la responsabilidad de los políticos y en su capacidad de diálogo y consenso la solución del mismo. Y si desde los poderes del Estado se sigue ignorando la realidad y sin atender a la exigencia del pueblo catalán -o en su caso del vasco-, se le estará abocando a la unilateralidad.
