LA aprobación definitiva ayer, tras más de un año de debate, con los únicos votos del PP (y la abstención de UPN), de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (Lomce), traduce a rechazo unánime de la oposición en el Congreso el que ya se había extendido en todos los estamentos (profesores, alumnos, centros, padres, sindicatos...) y niveles (educación obligatoria, FP, Universidad...) educativos. Muy especialmente en Euskadi, donde han sido superados hace tiempo todos los objetivos que pretende atribuirse la Lomce, pero muy especialmente el del abandono escolar prematuro que en el Estado (26,5%) dobla al de la CAV (13%). Se confirma así el absurdo, ideologizado y uniformador empecinamiento del ministro de Educación español, José Ignacio Wert, y del propio Mariano Rajoy en sacar adelante una reforma tan indeseada como inadecuada si se atiende al propio sector y sus carencias y que será estéril por carecer de recorrido. En primer lugar debido a los recursos ante el Tribunal Constitucional, en el caso del que plantea el Gobierno vasco por incumplimiento del art. 16 del Estatuto de Gernika, que otorga a la CAV la "competencia exclusiva" en Educación, y por la invasión de las competencias en materia lingüística. Aunque dichos recursos no conlleven legalmente paralizar la implantación de la Lomce, sí condicionan esta en la práctica ante la posibilidad de que la séptima reforma educativa en tres décadas acabe siendo cuestionada por el TC como, por otra parte, ya hicieron en su día el Consejo de Estado o, en relación a la segregación por sexos, el Tribunal Supremo. En segundo lugar, ni el Gobierno del Estado, que ha recortado más de seis mil millones en el capítulo de Educación desde 2010, ni las CC.AA. cuentan a día de hoy con capacidad económica para afrontar el coste (408 millones en el caso del Gobierno español y 927 millones a repartir entre las comunidades) de su puesta en marcha. Y, en tercer lugar, porque al anuncio y compromiso de los partidos de la oposición de la futura derogación de la reforma se le añaden las limitaciones temporales para su implantación efectiva antes de que finalice la actual legislatura, lo que dejaría al albur de una ahora más que impensable nueva mayoría absoluta del PP la aplicación de la uniformización ideológica de la enseñanza que Wert pretende.