HABLÓ ayer el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, sobre la sanción decidida por la Comisión Europea por el sistema de financiación del sector naval en el Estado español, el ya célebre tax lease. Es comprensible que en su valoración de los hechos juegue un papel significativo el malestar por el grado de reprobación personal a la que fue sometido por parte de algunos representantes de las empresas del sector naval. Un papel tan significativo como el que jugó igualmente el malestar por el grado de severidad y frío señalamiento colectivo al que fueron sometidos esos mismos agentes del sector naval como presuntos violadores de las reglas de la libre competencia en Europa. Con el paso de las semanas, la tensión debería haber dejado paso a una voluntad clara de establecer las condiciones de viabilidad de una actividad estratégica en la economía de cualquier Estado con una estructura de producción y empleo de la dimensión del sector naval español y vasco. Cabría valorarlo incluso con independencia de la coyuntura severa que afecta a la actividad económica, pero el grave panorama de desempleo que ayer mismo retrató la Encuesta de Población Activa en Euskadi requiere de un tratamiento que haga gala de una sensibilidad superior a la mostrada por el comisario. Sostener, como sugiere, que las graves consecuencias de su decisión denunciadas fueron un ejercicio de "demagogia repugnante" solo es posible de espaldas a la mirada de los miles de trabajadores del sector que tienen suspendida su actividad en Euskadi y fuera de ella. Precisamente la incertidumbre provocada por la decisión europea y la indeterminación de las condiciones en las que se permitirá competir al sector naval siguen costando millones de horas de trabajo a los astilleros vascos, imposiblitados de contratar en el mercado internacional mientras sigan maniatados en materia de financiación. La Comisión Europea y la Comisaría de Almunia colaboran a esta indefinición y este estancamiento que tiene costes personales y económicos muy reales y nada demagógicos. El Gobierno español debe hacer sus deberes en tiempo y forma y cerrar la liquidación de las ayudas para que las vise la CE, pero Almunia muestra una prisa excesiva en dar carpetazo a un problema que no ha contribuido a resolver.
