lA intervención del diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ante el pleno de las Juntas Generales del Territorio y su radiografía de la situación socio-económica, también política, no podía dar lugar a demasiadas sorpresas en referencia a la primera parte de la legislatura, ya cumplida; tampoco en cuanto a los objetivos y prioridades de su segunda mitad, dado que en lo esencial no pueden diferir más allá de las variaciones positivas que parece presentar el horizonte económico a partir del próximo ejercicio. Y ello traduce el compromiso esencial que se debe plantear todo gobierno con las personas, con las necesidades de quienes habitan en Bizkaia en este caso, a la prioridad del empleo, principal lacra también en nuestro Territorio Histórico aun cuando se contemple más contenida que en el entorno. La concreción de la crisis económica, cinco años después de su inicio, en la cruda realidad de los 97.149 desempleados en Bizkaia, exige multiplicar el esfuerzo que ha llevado en la primera parte de la legislatura a la creación de 3.764 empleos, la puesta en marcha de 1.647 empresas y microempresas y al apoyo a 1.580 comercios; esfuerzo sin el que el drama del desempleo y la desertización comercial originada por la caída del consumo se hubiesen agudizado sobremanera. Esa vuelve a ser la prioridad -"estratégica", en palabras de José Luis Bilbao- del gobierno foral; y en ella se engloba la exigencia de cordura a los agentes socioeconómicos, léase empresarios y sindicatos, del mismo modo que se asume la traslación de acuerdos que si bien en Bizkaia no son imprescindibles en aras de la estabilidad institucional sí son recomendables en cuanto al beneficio del consenso más amplio posible en las políticas de impulso económico. Incluso a la hora de la armonización y a pesar de las tiranteces interterritoriales previstas. También incluye esa prioridad, sin embargo, la defensa de las especificidades e intrínsecas capacidades que contempla el derecho foral y que pudieran ser empleados por Bizkaia y los vizcainos frente a la crisis, defensa de la que no se puede -ni debe- excluir la ambición de utilizar en su máxima amplitud todas y cada una de las herramientas y mecanismos que esos mismos derechos históricos permiten.