Estado en precario

EL informe La Trama de la desigualdad, elaborado por Intermón Oxfam para cuantificar los niveles de pobreza en Europa, plantea con toda su crudeza la realidad de la situación social en el Estado español y el dramático horizonte que se dibuja a medio plazo por la deriva económica y las políticas que se articulan pretendidamente para hacer frente a la misma. Las cifras resultan escalofriantes ya hoy: doce millones de personas viven en el Estado español con menos del 60% de la renta media, que supone ingresos inferiores a 9.267 euros al año. De ellas, más de dos millones han llegado a dicha situación a raíz de la crisis. Es decir, desde 2008 la pobreza ha alcanzado a una media de más de medio millón de personas al año, en coincidencia con el exponencial incremento del desempleo: de 2.590.600 parados en 2008 a 5.769.000 en 2012, según la Encuesta de Población de Activa, y del agotamiento de las prestaciones en el caso de los de larga duración, más de tres millones. A esa absoluta precariedad en el empleo, base del aumento de la nueva pobreza en el Estado en el último lustro, hay que añadir en cualquier caso otros dos factores que ya influyen pero que repercutirán aún más en el futuro inmediato. El efecto de las políticas impositivas y el brutal recorte de las pensiones cercenarán en la próxima década la ya depauperada renta media familiar y contribuirán a engrosar la bolsa de la pobreza con otros ocho millones de personas en el Estado español, que en 2025 tendrá a uno de cada tres nuevos pobres de la Unión Europea y llegará a los veinte millones de habitantes -el 42% de la población- en situación de penuria. Porque ciertas reformas impositivas -especialmente las que afectan al consumo de primera necesidad, como en el caso del incremento del IVA-, han permitido que las diferencias de renta entre los más ricos y los más pobres se hayan más que triplicado en los últimos cuatro años. Y porque un tercio de los presupuestos del Estado se dedica a pagar la deuda pública, lo que arrambla con las prestaciones sociales y junto a la caída de cotizantes por el desempleo supedita la capacidad del sistema de Seguridad Social. No se trata de demagogia sino de la urgente necesidad de revisar el orden de prioridades de las políticas públicas para evitar el regreso a los desequilibrios de la primera mitad del siglo XX... y a sus consecuencias sociopolíticas.