la jueza Mari Paz Benito hizo público ayer un breve auto para dar por cerrada la instrucción sobre un posible delito de cohecho por parte de Barcina, Sanz, Miranda, Maya y Goñi en el cobro de sobresueldos de la Caja de Ahorros de Navarra. Era una decisión anunciada desde que los cinco magistrados del Tribunal Supremo sobre los que recayó el caso por la condición de aforada de Barcina -se escudó en su ventaja de ser la única presidenta autonómica que no debe rendir cuentas judiciales ante sus tribunales autonómicos-, perpetrasen un auto de apenas cinco folios para bloquear toda investigación sobre el caso antes de marcharse de vacaciones. En todo caso, vale recordar que la argumentación del auto del Supremo -basada en la postura defensora de la Fiscalía navarra-, se basa en desmentir las propias declaraciones y hechos de los imputados. Según los jueces del Supremo, Barcina, Maya, Sanz y Miranda no formaban parte de la Permanente de CAN por sus cargos políticos, mientras que tanto Barcina como Maya defendieron su presencia en ese órgano secreto, públicamente y por escrito, precisamente por el imperativo legal de sus cargos políticos. También alegaron los jueces que los sobresueldos secretos que percibía de CAN por la Permanente no eran dádivas, aunque Barcina, Miranda y Maya admitieron que eran un complemento que pagaba CAN para completar sus salarios oficiales, que públicamente decían ser notablemente inferiores. De hecho, admitieron públicamente el error y anunciaron a bombo y platillo su decisión de devolver lo cobrado. E igualmente, los magistrados consideraron que su papel en CAN se derivaba de una decisión de la entidad en función de sus supuestas capacidades, cuando las actas publicadas -ahora ya se sabe que han sufrido posteriores y sucesivas modificaciones sin aclarar sus causas ni objetivos ni contenidos-, dejan claro que percibían miles de euros por supuestamente reunirse en sesiones seguidas para solo escuchar y no tomar decisión alguna. Doctores tienen los altos tribunales de justicia nombrados por el dedo de los intereses políticos. Aunque al final pareciese que nada de lo ocurrido hubiese realmente ocurrido. En todo caso, lo que no dijo el Supremo en su auto es que el cobro de esos sobresueldos opacos fuera "legal y honrado" como asegura ahora UPN. Únicamente concluyó que no había delito de cohecho, y el mismo auto pone en duda el alcance ético y político del comportamiento de Barcina, Maya, Sanz y Miranda en CAN. Es decir, la honradez política de los participantes en un chiringuito opaco del que se lucraban por no hacer nada sigue tan en cuestión como antes del auto del Supremo. Y exclusivamente al cierre de esa parte del supuesto delito de cohecho se ha limitado el muy escueto auto de la juez Benito. De hecho, quedan abiertas otras vías de investigación judicial pendientes sobre el hundimiento y desaparición de CAN y las posibles responsabilidades de los dirigentes políticos y directivos que participaron en ese desastroso proceso de toma de decisiones. Y por supuesto quedan pendientes las responsabilidades políticas derivadas tanto del fin de CAN como de la participación en un órgano opaco del que ingresaban decenas miles de euros, que además ocultaban a la opinión pública presumiendo propagandísticamente de que sus salarios oficiales eran inferiores a lo que en realidad ingresaban. Diga lo que diga el actual aparato de UPN, transcurra como transcurra la vía judicial a partir de ahora -incluidas las derivadas abiertas en la Audiencia Nacional por la salida a Bolsa de Banca Cívica-, el caso CAN, y las implicaciones políticas que implican a la presidenta Barcina y a quienes han sostenido y se han beneficiado de un régimen opaco y cerrado de intereses clientelares durante años, sigue muy abierto. Esa es la realidad.
