EL intrincado conflicto respecto al abono a los funcionarios dependientes del Gobierno vasco de la denominada paga extra de diciembre comprende dos vertientes distintas: la de la injerencia de los poderes del Estado en el autogobierno vasco y la de la diligencia en la correcta utilización de este último, que pueden considerarse sin embargo inseparables en cuanto a su efecto en la consecución del objetivo inexcusable de cualquier gestor público, el servicio a la sociedad. En el primer aspecto, la intromisión vía decreto ley por el Gobierno del Estado en la capacidad del Gobierno vasco para regir su función pública, potestad que estipula el artículo 10.4 del Estatuto de Gernika, tiene un apoyo en la denunciada ausencia de bilateralidad en la relación entre Euskadi y el Estado, flagrante si se constata que la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional de un conflicto de competencia suspende automáticamente una orden si dicho conflicto se presenta desde el Gobierno del Estado frente al Ejecutivo vasco y sin embargo no tiene esa misma capacidad suspensiva en sentido inverso. Ello tiene, lógicamente, un efecto uniformizador que aleja la realidad normativa de las verdaderas necesidades de la Administración vasca y de las de la sociedad que administra. En cuanto al segundo aspecto, la actuación del Gobierno saliente resume la desarrollada en toda la legislatura con la consiguiente afección social, en este caso en 67.000 funcionarios. Y lo es como compendio de errores. Por un lado, un error de planteamiento que ha primado la oportunidad política sobre la realidad y la responsabilidad de la gestión y ha obviado advertencias y recomendaciones -al negarse a seguir el camino de otras instituciones con el adelanto de una paga de 2013 a enero, por ejemplo- aun a riesgo de crear y legar una inseguridad jurídica que se muestra en las dudas hasta última hora para aclarar siquiera si los funcionarios cobrarían la paga. Por otro, un error, consciente o no, de claridad y control en la emisión de la orden de abono de nada menos que 208 millones de euros (el montante de la extra) que habría permitido el pago adelantado a cientos de funcionarios por varias entidades bancarias, con los consiguientes problemas que la devolución causa a estas y sus clientes en una demostración evidente de las consecuencias que una mala administración tiene para los ciudadanos.